Limitar la compra de casas si no es para residir en ellas en las zonas donde el mercado inmobiliario esté «excesivamente tensionado» o no haya espacio para la construcción de nuevos inmuebles. Ésta es una de las propuestas incluidas en las bases del proyecto político de Yolanda Díaz que serán los mimbres de su programa electoral y que se plantea con el objetivo de proteger a los inquilinos de «los rápidos aumentos de alquiler».
Las propuestas de Sumar incluyen «dificultar las hipotecas a tipo variable» y que sean «indefinidos» los contratos de alquiler. Propone «facilitar el acceso» a una casa a los inmigrantes ilegales
En la práctica, la medida auspiciada por Sumar -la marca con la que la vicepresidenta del Gobierno concurrirá a la comicios generales de finales de año- se podría aplicar en todas las grandes ciudades y afectaría aproximadamente a seis de cada 10 hogares españoles según la Ley de Vivienda aprobada el jueves en el Congreso de los Diputados. La justificación que figura en el capítulo dedicado a esta materia, que ha elaborado Javier Burón, gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, es que las restricciones a la adquisición de pisos ya se hacen «en algunos lugares de la Unión Europea», pero sin especificar con qué resultado.
La citada ley, que previsiblemente entrará en vigor antes de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo, establece dos nuevos criterios para considerar que una zona está «tensionada» que, además, son individuales. Es decir, basta con que se cumpla una de los dos para que la zona adquiera dicha consideración.
Por un lado, que la carga media del alquiler o de la hipoteca (incluyendo gastos y suministros básicos) supere el 30% de la renta media de los hogares. Y, por otro, que el alquiler o el precio de compra haya superado al menos tres puntos la inflación en los cinco años anteriores.
El 61,09% de los hogares españoles cumple al menos una de estas dos premisas. En concreto, según la consultora Atlas Real Estate, que aplica herramientas de data science al mercado inmobiliario, calcula que unos 2.298 códigos postales estarían afectados por esta nueva norma, en las 52 provincias.
Si bajamos a territorios concretos, el impacto se ve aún más claro: de las 179 áreas geográficas que tiene la provincia de Madrid, el 59% de ellas estaría afectada, alcanzando a un total de 2.738.121 millones de habitantes, el 85% de su población. En el caso de Barcelona, de sus 198 áreas, la ley da condición de tensionada al 52,5%, en las que viven 2.089.560 millones de habitantes, el 80% del total.
Fuera de las grandes, prácticamente toda la población de Baleares (95%) o de Málaga (94%) vivirían también hoy en una zona tensionada, según los nuevos criterios oficiales
Además de la limitación a la compra en estas áreas, el equipo de Díaz quiere aumentar la duración mínima de los contratos de alquiler en general -actualmente es de cinco años- y se fija como objetivo que la mayoría sean indefinidos «con causas de resolución excepcionales». También esboza la posibilidad de que se otorgue el derecho al uso de un hogar «de forma vitalicia» para las personas mayores.