Vox pide a la Justicia que confirme que las grabaciones del «Delcygate» no fueron eliminadas

El pasado 24 de agosto, Vox solicitó a la justicia la confirmación de que las grabaciones que se realizaron por las cámaras de seguridad en el Aeropuerto de Barajas (Madrid) no han sido borradas. En dichas grabaciones se podía ver al ministro de Transportes, José Luis Ábalos junto con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Junto con la confirmación, Vox también ha pedido que «se les de traslado de las actuaciones seguidas por el juzgado, así como si se ha procedido a la identificación de todas las personas que aparecen en dichos videos».

El «Delcygate»

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, investigó si se cometió algún tipo de delito en el encuentro que mantuvieron ambas personalidades el pasado 20 de enero en Barajas. El Ministerio del Interior solicitó el protocolo de llegada de pasajeros al aeródromo, siendo una de las primeras gestiones del conocido «Delcygate».

Dicha solicitud se produce tras asumir Serrano-Arnal la competencia para abrir la causa e investigar los sucesos denunciados por el Partido Popular, Vox y Laócratas. El magistrado aceptó la inhibición del juez de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, a quien le recayó inicialmente la denuncia del PP.

De tal manera, el titular del Juzgado número 31, acordó agrupar las querellas de los tres partidos y está estudiando si el encuentro en la madrugada del 19 al 20 de enero es constitutivo de los presuntos delitos de prevaricación y desobediencia.

El juez tiene pendiente visionar las grabaciones del aeropuerto, entre las que figura las grabaciones en la sala VIP de la terminal de autoridades donde permaneció la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez hasta que abandonó el aeropuerto de Madrid en un vuelo comercial destinado a Doha.

El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid (en funciones de guardia) fue el primero en encargarse de evitar el borrado de las grabaciones al requerirle a Aena, puesto que la ley establece que han de ser eliminadas transcurridos 30 días.

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