Incertidumbre, ignorancia, desinformación, miedo. Son muchos los calificativos que podrían ser empleados para describir el escenario generalizado de la ciudadanía.
Dada la ardua realidad a la cual nos enfrentamos en estos momentos, es imperativo que el gobierno actúe de manera responsable y se muestre comprometido con todos los habitantes, tanto con aquellos que por
medio de votación los situaron a las riendas del país, como con aquellos que votaron diferente.
Como bien argumenta el gobierno, estamos viviendo una situación crítica como país, nos hemos visto envueltos en una crisis sanitaria producida por un virus procedente de Asia, y es vital que unamos nuestras fuerzas para solventar las catastróficas consecuencias que esta pandemia está generando.
El argumento es válido y constructivo, hasta ahí todo bien. El inconveniente es que le hemos visto las orejas al lobo demasiado pronto. Como ya ha sido documentado, investigado y verificado, el gobierno de coalición formado principalmente por PSOE y Podemos ha ahorrado en prudencia a la hora de pretender impedir que los ciudadanos y los partidos de la oposición den su punto de vista al respecto y critiquen la nefasta gestión de esta crisis sanitaria por parte del gobierno.
La palabra unidad podría definirse como unión, acuerdo o coincidencia de varias personas o grupos en torno a un mismo propósito.
Si el deseo de unión se ve regido y encauzado por despidos, sanciones y recortes de libertades fundamentales a aquellos individuos que muestren desconfianza hacia el punto de vista del gobierno es espinosa la tarea de llegar a buen puerto.
Después de todo, es sandio que una administración que a lo largo de la historia política española haya presentado tres de las cuatro mociones de censura desde la aprobación de la Constitución en 1978 (la cual se saltan a la torera) pida unidad reprobando la opinión pública.
Este gobierno de Coalición tiene el deber de dar ejemplo de unidad antes de reivindicar la unión por un bien común a la oposición.
Los diferentes puntos de vista sobre la gestión de esta crisis y los decretos del ejecutivo que tanto afectan a ciudadanos y empresarios han creado una brecha entre el PNV (supuesto afiliado prioritario de Pedro Sánchez) y el régimen de Sánchez.