La coalición de PSOE y UP ha acordado una enmienda en la ley de infancia para que una acusación de «violencia de género» sirva para apartar a un niño de su padre y darle la custodia total a la madre.
Serán las administraciones las responsables de prestar atención a la protección del interés superior de los niños y de que esta norma se lleve a cabo.
Sin embargo, el Ministerio de Igualdad matiza que hará falta también una orden de protección.
Ya haya denuncia o simplemente indicios de maltrato, la custodia pasará automáticamente a la madre.
Para los juristas consultados, esta ley puede ser o un error o simplemente innecesaria, según como se plantee.
Si la enmienda a la ley se aplica tal y como se ha dicho y deja de ser necesaria la orden de protección, se estará produciendo una ley abusiva que destruye (aún más) la presunción de inocencia.
Si por el contrario, se mantiene la exigencia de la orden judicial, las medidas cautelares actuales ya protegen a los menores de forma similar a como plantea la nueva enmienda, por lo que sería una reforma inútil.
Actualmente, cuando una mujer alega malos tratos, la custodia es retirada temporalmente al padre en el 95% de los casos.