Una anciana recupera su vivienda tras 30 meses okupada, 22.000 euros gastados y una parálisis facial

Pilar ha recuperado al fin su vivienda de Torrevieja, que llevaba okupada más de 30 meses por dos mujeres que tenían a su cargo a un menor de 6 años.

La pesadilla de Pilar venía desarrollándose desde julio de 2019. El gasto ocasionado por las okupas supera los 22.000 euros para la propietaria entre pleitos, agua y otros. La cantidad absoluta, sumando los alquileres que ha dejado de percibir por tener su vivienda okupada superaría los 30.000 euros.
La tensión sufrida por Pilar le ha provocado una parálisis facial, de momento irrecuperable, y otros problemas de salud. Por ejemplo, uno de sus ojos, el izquierdo, no lo puede apenas abrir.

La salida de las okupas sólo ha sido posible después de mucho meses, cuando el Ayuntamiento consiguió para las okupas lo que la extrema izquierda denomina una «solución habitacional«. Esto significa que, ahora, ambas delincuentes estarán alojadas en un hotel.

El Ayuntamiento, en manos de Eduardo Dolón (PP), se hará cargo de los trámites para que logren una vivienda social y, finalmente, la Generalitat Valenciana tendrá que dar el visto bueno a esa vivienda.
Este domingo, Pilar y su marido, legítimos propietarios de la vivienda okupada llegaron a Torrevieja. Se alojaron en un apartamento turístico. El alojamiento les cuesta a razón de 35 euros la noche, pero a su casa no podían ir. Tenían ya en su poder una orden judicial de lanzamiento de las personas que okupaban esa vivienda. Aquella noche del domingo, Pilar y su marido no pasaron ni por la puerta del edificio de la vivienda okupada. Temían que les denunciaran alegando que su sola presencia es un método de coacción.

La vivienda está situada a escasos 100 metros de la playa del Acequión y la de Los Naúfragos. Es un pequeño apartamento con una habitación, un salón, cocina y el aseo. En la zona común hay una piscina. A todo se accede desde el portal del edificio.


Originalmente la casa era de una familiar de Pilar. Allí, se alojaban dos mujeres a cambio de un alquiler, ambas colombianas. En verano de 2019, el contrato de alquiler llegaba a su fin y las dos mujeres se iban a marchar. La sorpresa llegó con su salida. Dos mujeres (madre e hija) junto a un menor y una mascota (un perro) se encontraban en la casa. La propietaria falleció. Dejó en herencia la vivienda a Pilar, que al ser notificada de la presencia de esas personas en su casa decidió hacerles un nuevo contrato. No lo firmaron. Y desde entonces dieron la casa por okupada.

Más de 30 meses después, una orden judicial, la tercera, marcaba el día de hoy, 10 de enero de 2022, como fecha del desalojo. Pero las cosas, aún con la orden judicial en la mano, no estaban claras. En dos ocasiones las okupas habían eludido la acción de la Justicia. Una, por un error de notificación. La otra, por un recurso. Esta vez, también, remitieron al Juzgado un documento alegando su vulnerabilidad y la existencia del menor para evitar el lanzamiento. Solicitaban una prórroga de 6 meses, hasta que el pequeño concluyera el curso escolar.
Enterado de todo ello, Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, y Tomás Ballester, concejal de Bienestar Social, se pusieron manos a la obra. Ballester entabló conversaciones con la Red Solidaria. Este domingo anunciaron el acuerdo. Las mujeres irían a un hotel. Y, una vez allí, el Ayuntamiento se compromete a buscarles una vivienda social. Mientras tanto, la mascota vivirá en la casa de una familia amiga de las ‘okupas’.


Por fin llega el desalojo

A primera hora de este lunes, Pilar no podía con sus nervios a las puertas del edificio donde se halla su vivienda. Pasadas las 10 horas, llegaba el cerrajero judicial. Lo hacía discretamente. Sin moverse del entorno de su vehículo. Desde 2008, ese cerrajero acude a unos 2-3 desalojos a la semana, la misma cifra que el concejal Ballester ofrece cuando se le pregunta cuántos desalojos se producen a la semana en Torrevieja.

Compañeros de la plataforma Ley Antiokupas ya, llamaban a la propietaria para transmitirle apoyo y ánimo. Uno de ellos, Miguel, en muestra de solidaridad, fue personalmente a apoyarla. A Miguel, que vive en la localidad de Castalla, le okupó su vivienda en Madrid hace un año una mujer de origen ecuatoriano. Ella pagaba su alquiler hasta hace 12 meses, cuando dejó de hacerlo. Pasado un tiempo, exigió 1.200 euros a Miguel por irse de la vivienda, lo dejaron en 800.


A apoyar a Pilar llegaron también tres personas de la Red Solidaria. Una de ellas, ayudó a transportar los enseres de las ‘okupas’. Todo iba bien, hasta que esta mujer bajó un televisor. Pilar se indignó, la televisión no era de las okupas sino suya: «¡La tele no te la llevas porque es mía!», le dijo. Ese aparato de TV ya no volvería a aparecer.

Al poco llegó el Servicio Común del Juzgado. Le acompañaban dos guardias civiles para garantizar que el desalojo se haría de modo ordenado y sin Pilar y su marido delante ya que los propietarios no deben estar a las puertas de la vivienda.

En la calle, un vecino auguraba que el lanzamiento se aplazaría de nuevo. En los balcones, los curiosos se multiplicaban con los móviles en la mano. Las okupas salieron de la casa y las autoridades judiciales se marcharon.

Desenlace

Entrar de nuevo en la vivienda no resultó fácil. La cerradura no estaba homologada. No bastaba con cambiar el bombín de la puerta, era necesario cambiar el sistema completo.
El aparato de aire acondicionado del salón estaba totalmente roto y algunos muebles sufrieron desperfectos, no obstante el calvario de Pilar y su marido había terminado.

Cientos de casos similares a este, algunos incluso más dañinos, se producen todas las semanas en nuestro país. La protección social que reciben los llamados okupas es muy superior a la de los propietarios afectados.

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