Un hombre pasa tres años en prisión por una denuncia falsa de su ex

Teodoro no ha vuelto a ver a su hijo desde aquel fin de semana que le tocó pasar con él, según el reparto que había hecho con su ex pareja, de la que se había separado seis meses antes. Hasta entonces, había habido tensiones y alguna amenaza de la mujer, pero nada más

Un día la Guardia Civil le comunica a Teodoro que su ex pareja le había denunciado por enseñar a su hijo a descargarse vídeos porno en el móvil y que le aconsejaron no acercarse a él mientras todo se aclaraba.

A partir de entonces, todo fue a peor. Aquella denuncia prosperó y Teodoro acabó en prisión, donde pasó tres años, dos meses y tres días, condenado por abusar sexualmente de aquel pequeño al que veía jugar al fútbol mientras él pensaba en su siguiente movimiento en el tablero.

Un tribunal se creyó a pies juntillas el testimonio de su ex compañera sentimental y le condenó a 14 años de prisión. Se basó, además, en el relato de su hijo de ocho años, pero éste, como ha quedado luego probado, fue «dirigido» por las psicólogas de la Junta de Andalucía que le atendieron y por eso ahora Teodoro no sólo ha conseguido limpiar su nombre y probar su inocencia, sino que, además, la misma Justicia que le condenó obligue a la Administración autonómica andaluza a indemnizarle por la «mala praxis» de aquellas psicólogas.

No sólo eso, sino que la última sentencia, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pone en cuestión el propio sistema de atención a los menores que son víctimas de abusos sexuales en la comunidad al señalar, con dureza, el «funcionamiento anormal» del Servicio de Prevención y Atención a las Familias de la Consejería de Inclusión de la Junta. Aquellas psicólogas, destaca el Alto Tribunal andaluz, no sólo aplicaron mal las técnicas, sino que indujeron las respuestas e hicieron, tras 150 sesiones, que el menor interiorizara «unos abusos que no existieron».

Precisamente, la Junta anunció ayer que va a revisar el contrato con la Asociación Adima, a la que peternecían las psicólogas y que sigue prestando ese servicio.

Teodoro hoy tiene 56 años, pero su vida de paró a los 47. De aquella mujer que le denunció y le destrozó la vida «no quiero saber nada», pero exige que «alguien» le explique por qué terminó en prisión por una denuncia falsa que, sobre todo, le ha privado de su hijo.

Hoy aquel niño que juega aún a la pelota en su recuerdo más preciado tiene 18 años y vive en Huelva, pero su padre no sabe cómo acercarse a él «para no hacerle daño». De hecho, si se ha decidido a contar su historia en periódicos, radios y televisiones es con la esperanza de que le llegue a su hijo y que éste conozca la verdad de lo que sucedió hace casi una década. «Aquí hay dos víctimas, una es él y la otra soy yo», apunta Teodoro, que no aspira a superar su traumática experiencia -lleva años en tratamiento psicológico- pero que no se resigna a perder a su hijo.

Insiste, en ese sentido, en que no pretende «una venganza» contra las psicólogas que, de acuerdo con las sentencias de la Audiencia de Huelva y del Tribunal Supremo, le destrozaron la vida. Pero sí se pregunta «si lo que me han hecho a mí es porque soy hombre«.

Al lado de Teodoro ha estado todos estos años su abogada, Ana de Silva, que califica la sentencia que obliga a la Junta a indemnizar a su cliente por los «daños causados» como «pionera» y recalca que «no se trata de una persecución» contra nadie, sino de «hacer justicia» y señala al Equipo de Investigación de Casos de Abusos Sexuales (Eicas), un servicio que no presta directamente la Junta de Andalucía, sino la Asociación para la Defensa de la Infancia y el Maltrato en Andalucía (Adima), a través de un convenio de colaboración.

El caso será revisado por la Junta

Es un servicio, pone de relieve la sentencia del TSJA, «externalizado» y de «una trascendencia inmensa para la protección de los menores y muy sensible», ya que de ello depende, subraya, la prueba de cargo para imputar al denunciado. Eso exige, puntualiza, «unos estándares adecuados a la naturaleza de dicho servicio».

Lo sabe bien Teodoro, que no olvida lo que experimentó cuando pisó por primera vez la cárcel. A medias aturdido y a medias incrédulo ante lo que estaba viviendo. «Era como tener el alma en un sitio y el cuerpo en otro».

La sentencia del TSJA le ha reconocido el derecho a recibir una compensación de 60.000 euros por los daños morales e «irreparables», no sólo en su estado de salud psíquica, sino también por la «denotación pública, difamación social y sobre todo el alejamiento y pérdida de la relación afectiva y de convivencia con su hijo».

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