UGT y miembros de su antigua cúpula en Asturias condenados por «sistemático desvío» de fondos públicos

El Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo ha condenado tanto al mismo sindicato como a varios miembros de su antigua cúpula en Asturias por fraude en las subvenciones destinadas a cursos de formación.

Hay seis acusados que han sido condenados a penas de entre diez meses y dos años y diez meses de prisión, además del pago de multas.

Entre ellos se encuentra Justo Rodríguez Braga, ex secretario general, condenado como cooperador necesario y coautor de tres delitos de fraude en subvenciones a dos años y diez meses de prisión y a pagar 586.000 euros en multas.

Junto con él, otros tres ex responsables de UGT, deberán pagar una indemnización conjunta de 330.179 euros al Principado por los perjuicios causados.

UGT, CONDENADO

La juez ha condenado también al propio sindicato

Son responsables de un delito de fraude y por lo tanto, deberán pagar una multa de 122.028 euros y se enfrentarán a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y a la pérdida del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de cuatro años.

La sentencia no es firme

HECHOS

Se considera probado que la Unión Regional de Asturias de la UGT y el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) eran beneficiarios de subvenciones a través del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA).

Estas subvenciones estaban destinadas a la realización de cursos de formación para el empleo

Cuando el beneficiario era UGT, el sindicato se encargaba íntegramente de su gestión y ejecución a entidades vinculadas.

Principalmente IFES y en menor medida Foro Astur de Formación, Fundación Metal y Fundación Laboral de la Construcción entre otras privadas independientes.

La sentencia señala que Rodríguez Braga, junto a Mónica Menéndez y Manuel Díaz Cancio, en esos momentos secretarios de Administración y Formación respectivamente, urdieron una trama para desviar fondos de las subvenciones concedidas para realizar los mencionados cursos de formación entre 2011 y 2012.

Consistía en el «sistemático desvío» de parte de los fondos públicos recibidos a través de subvenciones

Así, obtuvieron beneficios económicos que revertieron en UGT, IFES y las sociedades vinculadas.

Fue posible realizar tal fraude gracias al control de UGT sobre la Delegación Territorial de IFES en Asturias. Contaban con la colaboración de sus gestores y de los empleados Alberto González y Silvia Sariego, encargados respectivamente de la administración y contabilidad en ambas entidades.

La juez también indica que también utilizaron el apoyo de María Jesús Ocaña, administradora de las mercantiles Formación 2020 y Localmur.

INCREMENTO FICTICIO DE PRECIOS

Además, la juez señala que los acusados, que tenían control directo sobre la facturación, incrementaron ficticiamente el precio de los locales y equipos usados en los cursos.

Este sobrecoste era imputado después a las subvenciones recibidas, en beneficio de UGT

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