Recurrida la decisión del Supremo de inadmitir la querella contra Belarra por presunto delito de calumnias: es un «brutal ataque difamatorio» 

La Fundación Foro Libertad Alternativa ha recurrido la decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo de inadmitir la querella presentada contra Ione Belarra, diputada de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, por un delito de calumnias.

Belarra acusó al Supremo de prevaricación tras la sentencia contra el diputado podemita Alberto Rodríguez por haber pateado a un policía en redes sociales:

«Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidenta del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación».

Después de esto, el CGPJ publicó un comunicado expresando su «absoluto y rotundo rechazo» a estas afirmaciones «con mayor rotundidad que en otras ocasiones» puesto que atribuyen «la comisión de un delito a sus magistrados», algo que:

«Excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión«.

No obstante, el Supremo consideró la semana pasada que las acusaciones de Belarra estaban amparadas por la libertad de expresión y rechazó la querella

El recurso indica que las afirmaciones realizadas por Belarra no sólo aseguran que Rodríguez fue condenado sin pruebas si no que fue condenado a pesar de que las pruebas le mostraban inocente, con lo que el objetivo no era impartir justicia, era arrebatarle un escaño por lo que el Supremo había prevaricado.

El documento al que ha tenido acceso Libertad Digital indica que tales acusaciones han sido un;

«Brutal ataque difamatorio».

Además de:

«Un ataque injustificado, sin base fáctica razonable y realizado de mala fe por una persona que ostenta una posición dominante dado su carácter de miembro del Gobierno  y realizada contra quien, dentro del sistema democrático, tiene la obligación de controlar su actuación».

Fundación Foro Libertad Alternativa añade además que permitir esto supondría un riesgo de deslegitimación de la justicia que afectaría al sistema democrático

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