Deuda, cortes de luz y dos millones de impagos a los trabajadores son los principales problemas a los que se enfrenta el ayuntamiento socialista de la ciudad extremeña.
La situación se ha vuelto casi insostenible en este municipio de 5.300 habitantes. La guardería está cerrada, las cuatro residencias de mayores se encuentran desatendidas, y la Policía local ha sido desmantelada.
Oficialmente en esta legislatura la alcaldesa es María Luisa Murillo. Se mantiene en el cargo como no adscrita tras ser expulsada del PSOE en marzo tras la presión popular. Bajo el paragüas del PSOE- fuerza hegemónica en el campo de Badajoz- y con un marcado clientelarismo político, esta socialista se hizo con una holgada mayoría absoluta en un municipio que siempre ha sido socialista.
Ruina y miseria.
Pablo Márquez y Julia Rubio son empleados municipales del Ayuntamiento de Alburquerque (Badajoz) -5.300 habitantes- desde hace dos décadas. Llevan sin cobrar desde enero y la suma asciende a 21.000 euros.
Casi 200 compañeros (la mayoría trabajadores eventuales a los que se les ha ido renovando con contratos temporales) se encuentran en parecidas circunstancias. La mayoría sobrevive gracias a las ayudas sociales, familiares, amigos o vecinos y van a trabajar cada día, a pesar de los impagos.
Algunos, dados de baja por depresión u otras enfermedades asociadas, fueron despedidos de forma fulminante, incluso una chica en pleno tratamiento oncológico. También le ha ocurrido a la secretaria personal de Alcaldía desde 2002. Esther, que llegó a estar trabajando sin alta en la Seguridad Social casi tres años, no aguantó más y este verano pidió la baja por ansiedad. A su vuelta, en septiembre, la colocaron en una mesa vacía, sin teléfono y sin ordenador.
La suma de impagos a los trabajadores asciende a 2 millones de euros. La deuda global triplica el presupuesto municipal y sobrepasa los 15 millones de euros. Hay embargos de la Seguridad Social y Hacienda e impagos desde hace más de dos años a proveedores, como a la empresa de agua o a Iberdrola. Se ha cerrado la guardería municipal, las dos piscinas municipales (una climatizada), la lavandería, el gimnasio y existe un lamentable abandono de las cuatro residencias de mayores. Tampoco hay material para arreglar calles o pintar los edificios y las pistas deportivas y los parques se caen a trozos. Esta semana ha habido cortes de luz y teléfono en las dependencias municipales.
Sólo hay ocho funcionarios fijos, pero hasta llegar a los 389 empleados que hubo en su momento (siempre antes de cada periodo electoral) se inflaron los contratos temporales. Todo el mundo era empleado público, aunque fuera eventual. También se llamaba directamente desde Alcaldía para oficializar las 35 peonadas firmadas -y no al revés- y poder cobrar los subsidios.
No hay Policía Local.
La Policía Local ha quedado desmantelada. Un agente de los dos que quedan en la plantilla (los otros siete pidieron el cambio de destino porque no aguantaban la situación) llegó a estar en huelga de hambre por los atrasos en las nóminas. Víctor Piriz, portavoz del PP en la Comisión de Presupuestos del Congreso, exige la disolución del municipio porque se dan «claramente» los supuestos del artículo 26.3 de ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, que incluyen la gestión «gravemente dañosa para los intereses generales».
«Se han comprado voluntades para asegurarse el voto y todo el mundo iba entrando y saliendo del Ayuntamiento, cotizando para el paro o para la pensión. A ese sistema se acostumbró la gente durante muchos años», advierte Manuel Gutiérrez, portavoz de IPAL, partido en la oposición.
Con todo lo anterior, la Junta de Extremadura cree que aún no ha llegado el momento de intervenir. Para la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales:
los mecanismos de control presupuestario del Gobierno están activados por lo que se debe esperar a que esas medidas den resultado antes de ejercer una opción tan extraordinaria.