PSOE pone un teléfono de contacto para que los inmigrantes denuncien a quienes no quieren alquilarles pisos

La reforma de la inmigración que prepara el PSOE estaría repleta de incentivos para los extranjeros que entren ilegalmente en España, pero también se presenta una amenaza para los caseros que nieguen a los inmigrantes el alquiler de una vivienda.

La formación izquierdista plantea abanderar la lucha por un modelo migratorio más abierto y permisivo, en la línea de los acuerdos de Marrakech y el Pacto de la ONU para los refugiados.

La medida aparece recogida en el texto de la ponencia que ya se tramita en el Senado y se encuentra en el apartado ‘Lucha contra el Racismo y la Xenofobia’. Allí aparecen distintos puntos, como por ejemplo:

Reforzar, desde un enfoque interseccional que incorpore la perspectiva de género, de diversidad sexual, discapacidad y los derechos de la infancia y adolescencia, la Estrategia contra el racismo y la xenofobia, aunando políticas públicas e iniciativas no gubernamentales e incidiendo especialmente en acciones en materia educativa, de comunicación y de sensibilización, con el objeto de poner fin a las discriminaciones por motivos raciales que existen en España en cuestiones tan básicas como el acceso a la vivienda, el empleo o la sanidad y que generan condiciones laborales de explotación.

La administración Sánchez ha incluido ya en la ponencia de la futura ley la creación de una “figura o recurso (como línea de teléfono para denuncia) de protección frente a la discriminación en el proceso de exclusión residencial para las personas migrantes”.

De este modo, los inmigrantes contarán con un elemento acelerado de denuncia contra aquellos propietarios que no quieran alquilarles un piso y a los que puedan acusar de racismo o xenofobia.

Esto da cabida a una serie de medidas como por ejemplo:

Incluir en la Ley de Igualdad de trato y no Discriminación el derecho al acceso y uso de la vivienda, para articular medidas preventivas, informativas y de sensibilización; elaborar Protocolos de trato no discriminatorios en las FFCCSE, adecuados a la nueva Ley, que incluyan la casuística étnico-racial; ampliar la protección contra la discriminación a la vivienda, más allá de lo establecido en la Directiva 2000/43/CE, cumpliendo también el uso de la vivienda; combatir, en el marco del acceso a la vivienda, factores discriminatorios en torno a la estigmatización de la cultura y de origen, además de los relacionados con la situación socioeconómica; crear una figura o recurso (como línea de teléfono para denuncia) de protección frente a la discriminación en el proceso de exclusión residencial para las personas migrantes.

El texto se enfoca en conseguir un mayor acceso a la vivienda de los inmigrantes. Esta última medida pone al alcance de cualquier inmigrante la denuncia contra el casero bajo el argumento de que la negativa a alquilarle una casa es constitutiva de racismo.

El PP ha planteado una enmienda a la totalidad ante la radicalidad de los planteamientos del PSOE.

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