Proetarras, separatistas y Podemos votan a favor de la Memoria Histérica socialista; un comité de ‘expertos’ decidirá quién fue víctima

El Gobierno socialista ha conseguido que su dictamen de la ley de memoria ‘democrática’ supere la Comisión Constitucional del Congreso con los votos a favor de PSOE, Podemos, Bildu, PNV y PDCAT.

ERC había amenazado con votar en contra, pero se ha abstenido después de haber conseguido su objetivo de incluir en la ley varios de sus puntos, entre ellos uno que:

«Reconoce la política de persecución y represión contra las lenguas y culturas catalana, gallega, vasca, aragonesa, occitana y asturiana perpetradas por el régimen dictatorial franquista».

Después de estos trámites, la ley llegará el jueves al Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo confía en poder sacarla adelante con la abstención de ERC

El Gobierno mantiene sin modificar otros aspectos de la ley, como la de «resignificar» el Valle de los Caídos o la de exhumar a José Antonio Primo de Rivera porque no puede haber cadáver alguno en «ningún lugar preeminente».

En un principio, Más País, Compromís y Coalición Canaria votará a favor y tanto PP, VOX y Ciudadanos votarán en contra

LA ENMIENDA DE LOS PROETARRAS DE BILDU PARA CREAR UNA «COMISIÓN» PARA «REPARAR» A LAS VÍCTIMAS, PERO NO LAS DE ETA

La enmienda de los proetarras de Bildu, aceptada la semana pasada, habla de la creación de una «comisión» para «reconocer y reparar» a las víctimas:

«De vulneración de Derechos Humanos a personas por su lucha, por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983».

Además, esta Comisión será nombrada por el Gobierno en el plazo de un año presuntamente formada por ‘historiadores’ y ‘especialistas’ que determinarán si los fallecidos entre 1978 y 1983 eran:

«Luchadores por la libertad».

Los proetarras de Bildu quieren que se incluyan los asesinatos de los etarras Lasa y Zabala por los grupos parapoliciales de los GAL bajo la presidencia del socialista Felipe González.

REPARACIONES SÍ, INVESTIGACIÓN JUDICIAL NO, DESPUÉS DE 1978

Desde el Gobierno insisten que en todos los procesos de Transición hay violaciones de Derechos Humanos y torturas y llegan a afirmar que hay consenso historiográfico al respecto que asegura que se pudieron extender tales vulneraciones hasta entrados los 80.

El PSOE se remite para extenderlo un año más hasta 1983, a las quejas surgidas alrededor de 1982, cuando González llegó a La Moncloa.

La ley sí establece que a partir de 1978 sólo se limitarán a «reconocer y reparar» a las víctimas

Esto implica que sí abrirán la puerta a indemnizaciones pero no abrirán procesos judiciales sobre casos ocurridos después de 1978 puesto que entienden que ya pudieron ser juzgados en democracia.

HASTA EL AÑO 1978, SÍ QUE SE INVESTIGARÁ; EL CASO MARTÍN VILLA

Hasta 1978, año en el que la Constitución se promulga, el Gobierno plantea algo diferente

El artículo 28 de la norma habla de crear un Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática y el 29 asegura que se investigarán casos ocurridos:

«En la Guerra, la Dictadura, así como el periodo que va de la muerte del dictador hasta la entrada en vigor de la Constitución española».

Esto significa, que el Fiscal podría investigar a Rodolfo Martín Villa, ex ministro del Interior de UCD, por cinco muertos en 1976 cuando la policía dispersó una concentración en una iglesia en Vitoria. María Servini, una magistrada argentina, intentó procesarle por «delitos de lesa humanidad» pero la justicia bonaerense revocó la decisión.

También podría perseguírsele por otras actuaciones como la de los Sanfermines de 1978, donde hubo 150 heridos y un fallecido ya que entra dentro del periodo de tiempo que el Ejecutivo planea perseguir en su norma.

Sentar a Martín Villa ante un juez sería un sueño cumplido para Pablo Iglesias y Podemos, ambos partidarios de que, en sus propias palabras:

«Responda ante la justicia y se rompa la impunidad» del ministro de Adolfo Suárez.

El Gobierno no ha aclarado que ocurrirá puesto que se han remitido al Fiscal de la Sala de Derechos Humanos que quieren constituir

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.