El Parlamento de Cataluña aprobó en septiembre de 2020 una normativa que permitía que 61 municipios -entre los que se encuentra Barcelona- pudieran regular y limitar el precio de los alquileres.
A pesar de que fue aprobada, el desarrollo y aplicación de la norma dependía de cada ayuntamiento.
Concretamente Barcelona, aprobó regular de manera que el precio de referencia para alquilar debía ser el más bajo del contrato anterior o el 95% de lo que marcase el índice de precios de referencia de la Generalidad.
Además, la Generalidad ha habilitado una página web a través de la cual se puede consultar el índice de precios en función de la calle, el año de construcción de la vivienda, los metros cuadrados habitables, el estado de mantenimiento y la certificación energética.
Esto es, un piso en el Exaimple construido antes del 2007 de 50 metros cuadrados, no podría -según la norma- superar los 959,5 euros de alquiler.
Cifra que es absolutamente ridícula frente a la realidad de mercado de dicha zona, una de las más caras y céntricas de Barcelona.
Todos los propietarios que no cumplan con esta norma serán brutalmente sancionados
De hecho, la Agencia del Alquiler de Cataluña ya ha emitido las primeras multas a personas físicas por fijar el precio del alquiler por encima del límite permitido, que rondan desde los 1.200 hasta los 6.000 euros.
No obstante toda sanción podría quedarse en nada puesto que se han presentado varios recursos contra esta normativa ante el Tribunal Constitucional.
Eso significa que esta ley podría ser tumbada
INEFECTIVA
Además de las dudas legales que presenta esta norma, se ha demostrado que tampoco es efectiva.
Este control estricto y punitivo de los alquileres no está creando una reducción notable en las rentas.
Si comparamos lo pagado por metro cuadrado en diciembre de 2020 con lo que se paga ahora, el precio sólo ha caído un 0,3%.
Sin embargo, en Madrid, donde no existe tal control sobre los precios, estos han descendido un 4,1%.