Primera querella contra Belarra; cinco delitos de calumnias y uno contra las instituciones del Estado

Primera querella presentada ante el Tribunal Supremo contra Ione Belarra, líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales.

El viernes pasado, Belarra acusó a los magistrados del Supremo de haber cometido un delito de prevaricación tras condenar al ex diputado Alberto Rodríguez.

La querella, de 16 páginas, atribuye a Belarra hasta cinco delitos de calumnias con publicidad a autoridad en el ejercicio del cargo (uno por cada juez que condenó a Rodríguez) y otro delito contra las instituciones del Estado.

También solicita la citación de Belarra como investigada ante el Supremo

Ha sido interpuesta por la Fundación Foro Libertad y Alternativa, que nació en mayo de este año y de la que forman parte, entre otros:

  • El ex ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja.
  • El ex presidente del PP catalán, Alejo Vidal-Quadras.
  • La ex presidenta del PP vasco, María San Gil.
  • El filósofo, Fernando Savater.
  • La cantante Ainhoa Arteta.

Sus fines son:

«La defensa de la democracia liberal, el fortalecimiento de España, de sus Instituciones, del orden legal y de la concordia entre españoles».

LA QUERELLA

Según explica la querella:

«No puede dudarse que se está imputando la comisión de un delito de prevaricación al Tribunal Supremo, como Institución, y a los magistrados que votaron a favor de la ponencia mayoritaria que conllevó la condena de D. Alberto Rodríguez, individualmente. La querellada tiene sobrado conocimiento de la falsedad de la imputación o, cuando menos, actúa con desprecio extremo y temerario hacia la verdad».

Continúan diciendo:

«Las manifestaciones presuntamente calumniosas de la querellada no se producen de manera aislada, sino que se dan en un contexto en el que desde el partido político Podemos, del que la Sra. Belarra es secretaria general, se tergiversa groseramente el fundamento de la Sentencia de condena a D. Alberto Rodríguez, haciéndola pasar por una Sentencia dictada sin pruebas y movida por un ánimo de venganza, tratando de deslegitimar de manera genérica la Justicia y, en concreto, el Tribunal Supremo, así como a determinados Magistrados de la Sala penal, presentándolos como instrumentos de lo que en su propia comunicación denominan ‘la derecha y ultraderecha’».

Finalmente, señalan que Belarra imputa a los magistrados del Supremo:

«Sin ambages y de manera en la que permite su sencilla identificación individual, actuar injustamente a sabiendas y movidos por un ánimo espurio, diferente al de la aplicación de la ley y, en definitiva, se les acusa públicamente y con grosera falsedad de haber cometido un delito de prevaricación».

Los magistrados afectados por dichas acusaciones son Manuel Marchena, Miguel Colmenero, Juan Ramón Berdugo, Vicente Magro y Carmen Lamela.

Añaden después:

«Entendemos que las manifestaciones vertidas por la querellada afectan al honor en el ejercicio de su cargo como autoridad de cada uno de ellos, provocando una deslegitimación que va más allá de su mero honor particular, afectando a la legitimidad de las resoluciones judiciales y, en definitiva, a uno de los poderes del Estado. Estaríamos, pues, ante cinco delitos diferenciados de calumnias».

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO PUEDE CONVERTIRSE EN UN DERECHO A IMPUTAR DELITOS

«Como el propio CGPJ ha manifestado, las manifestaciones realizadas por la querellada exceden ampliamente su libertad de expresión. No se trata de que realice una crítica,
severa, incluso áspera, a una decisión judicial, sino que directamente acusa al Tribunal Supremo y a los magistrados que dictan la Sentencia y hacen ejecutar lo juzgado de prevaricación, sin más matices».

La querella también explica que:

«El derecho a discrepar, a opinar incluso en los términos más ácidos, no puede en modo alguno convertirse en un derecho a imputar evidentes falsedades y delitos. Menos aún si se trata de una Institución sobre la que descansa una parte muy importante del sistema democrático y el Estado de derecho y cuya legitimidad ante los ciudadanos resulta esencial para el correcto funcionamiento de la democracia».

Y concluye:

«Los ataques desde el poder ejecutivo al poder judicial ponen en riesgo los controles al Gobierno, perjudicando el sistema de pesos y contrapesos en el que se basa el sistema democrático. Esta parte no tiene constancia de un ataque de estas características realizado por un miembro del Gobierno de España al Tribunal Supremo y a magistrados concretos de dicho tribunal. Si este precedente resultara impune, el futuro de la relación entre los poderes del Estado quedaría muy gravemente afectado, abriéndose la puerta a la deslegitimación del poder judicial y sus miembros desde el poder político».

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