Primera denuncia al Gobierno por la concesión de los indultos

El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el Gobierno de Pedro Sánchez como consecuencia de la aprobación de los indultos a los golpistas del 1-O.

Es la primera denuncia presentada contra el Ejecutivo, concretamente «contra los miembros del Consejo de Ministros del Gobierno de España, por un presunto delito de prevaricación administrativa».

El documento señala:

«En las semanas precedentes al indulto, acordado por el Consejo de Ministros, por parte del presidente y de sus ministros se lanzaron mensajes a la sociedad española acerca del indulto. Mensajes y declaraciones en España y en Bruselas. Las respuestas de los beneficiarios de estos mensajes fueron de rechazo. El indulto era insuficiente, reivindicaban la amnistía, referéndum y autodeterminación. Ni arrepentimiento, ni indulto, sino que afirmaban lo volveremos a hacer«.

«Para dar encaje a los indultos el presidente del Gobierno y sus ministros, se inventan unos novedosos principios generales del derecho: valentía, magnanimidad, concordia, no venganza, utilidad pública, altura de miras, borrón y cuenta nueva. Por el contrario, los verdaderos valores de la Constitución (la dignidad, la igualdad, la integridad moral, la honestidad y el honor) se han vulnerado. Torticeramente, burlan la Ley y su espíritu, para dar encaje al indulto con unos conceptos inexistentes en el ordenamiento jurídico español».

Manos Limpias considera que se trata de:

«Unos hechos relevantes que se incardinan en el dolo del delito. El presidente del Gobierno, a través del ministro del Interior, tiene conocimiento de la denominada «hoja de ruta», hacia el independentismo. Esta circunstancia fue descubierta por la Guardia Civil a un miembro destacado del independentismo, Xavier Vendrell».

«Otro hecho relevante del dolo es la plena consciencia del presidente del Gobierno de que la ilegal mesa del dialogo (Gobierno-Generalidad), los temas a debatir, son referéndum y autodeterminación, con la participación de los presos indultados. En definitiva, la figura del dolo del tipo subjetivo del delito no admite duda alguna. El último hecho relevante es cómo el Gobierno ha tratado de tener apoyos al indulto. Si el acuerdo hubiera sido legal, no necesitaba validarse y buscar cómplices».

«Nadie pone en duda que en el ordenamiento jurídico español están regulados. Ahora bien, esas potestades de la Administración no son ilimitadas, tienen elementos reglados. En el caso que nos ocupa, se ha hecho un uso abusivo (incurriendo no solo en una desviación de poder al utilizarlas para fines distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico) incurriendo en ilegalidad e ilicitud. No se han cumplido los requisitos de los indultos».

EL «CARÁCTER ARBITRARIO» DE LOS INDULTOS Y LOS INFORMES DEL SUPREMO

La denuncia afirma que:

«Aunque pudiera tratarse de un acto político, o de gobierno, ello no les excluye de un control al incidir de manera flagrante en un delito de prevaricación. No se puede amparar en el privilegio de actos políticos o de gobierno para actuar ilícitamente. El carácter arbitrario de la resolución, en cuanto lesiona abiertamente los principios de legalidad y de seguridad jurídica, el ejercicio arbitrario del poder, proscrito por el Art. 9.3 de la Constitución, es el elemento decisivo de la actuación prevaricadora».

Señala además como «prueba» los informes de la Fiscalía y el Supremo:

«Los informes elaborados suponen un acto de declaración de la ilegalidad sobre la concesión de los indultos. Son una advertencia clara, determinante, concluyente de su ilegalidad. La sociedad no entendería que en base a esos informes, la denuncia no se admitiese y quedara impune un acuerdo del Consejo de Ministros no solo ilegal, sino también ilícito».

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