Nuevo secuestro parental de un niño de 5 años: «el padre está desesperado»

Apenas unos días después de que el Gobierno de Pedro Sánchez indultara parcialmente a la secuestradora y ex presidenta de Infancia Libre, María Sevilla, permitiéndole recuperar la patria potestad sobre su víctima y evitando cumplir su condena en prisión, ha tenido lugar un nuevo secuestro parental.

El Juzgado de Instrucción nº 9 de Barcelona está investigando la desaparición de Bastián Riera Trindae, un niño de 5 años cuyo padre denunció a la madre ante los Mozos de Escuadra por sustracción de menores.

Según ha explicado Joaquín Amills, presidente de la Asociación SOS Desaparecidos que está ayudando al padre con la búsqueda, a Libertad Digital, la situación es la siguiente.

Los padres de Bastián se separaron en 2018 -poco después de que el niño naciera- y tenían que cumplir un convenio regulador de un Juzgado. Amills asegura que la madre llevaba años incumpliéndolo y temía que el Juzgado le quitara la custodia compartida, razón que sopesan puede estar detrás del secuestro. No hay ninguna denuncia sobre el padre por parte de la madre.

El padre no sabe nada de su hijo desde el 6 de mayo y le atemoriza lo que pueda haberle pasado «al saber las atrocidades que se cometen en casos similares»

La madre es portuguesa y podría haber huido a su país, pero se desconoce y hay una orden de búsqueda y captura por incumplimiento de sentencia. No obstante, Amills asegura que se han puesto en contacto con asociaciones de niños desaparecidos en Portugal y hecho difusión en redes sociales a fin de solicitar la colaboración ciudadana.

Bastián tiene 5 años, es de complexión delgada, pelo castaño, ojos marrones y mide 1,10 metros de altura

El presidente de SOS Desaparecidos afirma que:

«Hay actuaciones que son crueles porque la víctima principal es el niño y genera una impotencia tremenda. Para proteger a un niño lo primero es entender que tiene a un padre y a una madre con los mismos derechos y que los delitos son los mismos. Yo siempre voy a defender el derecho del menor. No cabe en un Estado de derecho la sustracción de menores».

LA FISCALÍA YA ADVIRTIÓ DE LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE UNA «SENSACIÓN PÚBLICA DE IMPUNIDAD»

El indulto del Gobierno fue realizado con el visto bueno del tribunal sentenciador y del Ministerio Público. Sin embargo, en un escrito contradictorio, la Fiscalía Provincial de Madrid señalaba que no concurrían razones de equidad o utilidad pública que justificaran la concesión del indulto total tanto por motivos de prevención especial como general:

«Evitando una sensación pública de impunidad que aliente la comisión de nuevos delitos».

El Ministerio Público añadía al respecto que:

«Máxime, cuando a raíz de estos hechos y otros similares, parece que en la sociedad civil se están alentando campañas como la llamada ‘Yo también lo haría’, de la que se hace eco la prensa, y que parecen fomentar actuaciones similares».

Tales palabras han resultado ser premonitorias

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