Un nuevo secuestro de niñas de la comunidad católica de Pakistán ha sacudido a la comunidad cristiana, continuando una pesadilla que no deja de repetirse.
Fátima Arzoo Raja, una niña católica de 13 de Karachi ha sido la nueva víctima. Ha sido secuestrada, convertida al Islam a la fuerza y obligada a casarse con un musulmán de 44 años llamado Ali Azhar.
El pederasta la secuestró la mañana del 13 de octubre, pero la policía no está haciendo nada por ayudar a la desesperada familia. Aún es más, desestimaron el caso al día siguiente por la noche.
El abogado del secuestrador acudió a la comisaría de policía y presentó documentos para legitimar el secuestro. Una «Declaración Jurada» firmada por la víctima asegurando que se convirtió al Islam y se casó voluntariamente; además del papeleo correspondiente a la conversión y el matrimonio.
En un intento desesperado de conseguir recuperar a su hija, los padres entregaron el certificado de nacimiento de la pequeña amparándose en la ley que prohíbe el matrimonio a menores de 18 años. Sin embargo, en la ley islámica las niñas pueden ser casadas con adultos al cumplir los 13; de manera que las menores musulmanes no están protegidas. Así, intentan con la firma de la niña, que la familia alega fue forzada tras el secuestro, que no se pueda velar por sus derechos.
Un político católico miembro de la Asamblea Provincial, Anthony Naveed, está ayudando a la familia con el caso, hablando con la policía y ofreciéndoles asistencia jurídica.
Naveed denuncia «El aumento de secuestros y conversiones forzadas de adolescentes cristianos e hindúes es un fenómeno muy grave.»
La falta de protección y el desprecio por las minorías religiosas ha dado carta blanca a musulmanes a secuestrar a niñas impunemente, obligándolas a casarse y convertirse, el número es como mínimo de 1000 personas al año.
El presidente de la Asociación de Maestros de Minorías Religiosas en Pakistán, Anjun James Paul afirma lo siguiente: «Estos secuestros son contrarios a la ley y constituyen un delito de pedofilia» «Pedimos una intervención gubernamental contundente y decisiva para detener este fenómeno criminal contra las niñas, las más vulnerables de la sociedad, y que muestra una pésima imagen de Pakistán.»
Varias ONGs como Humans Rights Comission of Pakistan (Comisión de Derechos Humanos de Pakistán) dijo a la Agencia Fides que muchas familias no denuncian porque amenazan a otros familiares.