Más de la mitad de los jueces de España denuncian el «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho ante la UE
El Foro Judicial Independiente, la Asociación Profesional de Magistratura y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que en total representan a más de 2.500 jueces han presentado un escrito ante la vicepresidenta de la UE de Valores y Transparencia Vêra Jourová, y al comisario europeo de Didier Reynders denunciando el «riesgo de violación grave» del Estado de derecho de España por las últimas reformas legislativas realizadas por el Gobierno, que consideran afectan a la independencia judicial.
Esto ocurre en respuesta al asalto a la independencia juridicial perpetrado por el Gobierno del Pedro Sánchez el mes pasado, cuando cambiaron la Ley Orgánica del Poder Judicial, de manera que ahora el CGPJ no podrá realizar nombramientos discrecionales al expirar su mandato.
Más de la mitad de los jueces de España, han firmado este escrito. La única asociación ausente es Jueces y Juezas para la Democracia, un grupo vinculado al PSOE.
Con el documento, pretenden que la Comisión Europea-entre otras cosas- adopte las medidas plasmadas en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, esto es, la posibilidad de sancionar a un Estado miembro «por violar valores básicos de la Unión Europea como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo».
Han afirmado tajantemente que están sufriendo «el apagón y desapoderamiento del CGPJ» y denunciado además que se está perpetrando una «colonización por los partidos políticos« que comprometen «su independencia e imparcialidad».
Concretamente definen la situación como una que «constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y, por lo tanto, del propio Derecho de la Unión«.
«Puede afirmarse que el actual sistema de facto es contrario a la Constitución, y a las exigencias de las instituciones europeas, según las cuales las autoridades políticas no pueden intervenir en ningún momento del proceso en la elección de los vocales de procedencia judicial».
«De esta manera, la decisión de las Cámaras legislativas es suplantada por los partidos políticos dominantes, que también se han negado a modificar el sistema de elección de vocales judiciales, a pesar de que algún partido lo ha propuesto y las asociaciones judiciales lo hemos reclamado conforme a las recomendaciones europeas».
El Gobierno, en resumen, «tiene como finalidad que el CGPJ no pueda realizar su función más importante, que es la de nombrar a los altos cargos judiciales, cuando su mandato haya expirado».
«En suma, reduce las funciones del CGPJ a aspectos meramente burocráticos, en detrimento de su función esencial: ser el garante de la independencia judicial».
«Se trata de una ley de sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos que dominen en cada momento, lo que es el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción».»
