Marlaska abre un expediente por falta grave a tres funcionarios de prisiones que ejercieron su derecho al voto el 4M

Los centros penitenciarios, cuyo último responsable es el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, pusieron todas las trabas posibles a los funcionarios de prisiones para impedirles ir a votar el 4M.

A pesar de los obstáculos, algunos funcionarios decidieron ejercer su derecho al voto con un permiso laboral

Como consecuencia de haber acudido a votar en horario laboral, la inspección penitenciaria citó ayer a declarar a tres trabajadores de la prisión de Valdemoro dentro de la tramitación de un expediente disciplinario por falta grave

La Junta Electoral Provincial de Madrid, máxima autoridad en tiempo de elecciones, emitió un acuerdo que reconocía el derecho de hasta cuatro horas de permiso retribuidas a todos los trabajadores de las administraciones públicas en Madrid. La Delegación de Gobierno hizo lo mismo.

No obstante, órdenes diferentes llegaron a los centros penitenciarios con el fin de evitar esto:

“Desde la Subdirección General de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias, se cursaron instrucciones para que los directores de las prisiones de Madrid no dieran este permiso retribuido a aquellos empleados públicos que lo solicitaran y no prestasen doble jornada”.

Esta restricción de derechos afectó a gran número de trabajadores

EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS

Estos tres funcionarios de prisiones, a pesar de que presentaron el justificante necesario en el trabajo, han sido penalizados por ir a votar y se les ha abierto un expediente disciplinario

La dirección del Centro Penitenciario Madrid III (Valdemoro), les comunicó a mediados de mayo que se les descontaría de la nómina el tiemo usado en votar, a pesar de tratarse de un permiso retribuido.

A eso se añade el anteriormente mencionado expediente por comisión de una falta grave de desobediencia a los superiores y a las autoridades, que se sanciona con hasta tres años de suspensión de empleo y sueldo.

En un principio, los tres funcionarios debían declarar ayer pero a Secretaría General de Instituciones Penitenciarias les ha avisado de que se suspendía esta declaración por el rechazo sindical.

ACTUACIÓN SINDICAL Y DENUNCIAS PENALES

Los sindicatos CSIF, II.PP., APFP, CCOO, Acaip y UGT han emitido un comunicado donde han denunciado esta situación y declarado que:

«Son incomprensibles las trabas que, desde la administración penitenciaria, se pusieron el día 4 de mayo para que sus trabajadores pudieran acudir a las urnas”. “Sorprende esta actitud en un Gobierno que, días antes, instaba a la población en general a que denunciara si en su empresa no les facilitaban el permiso retribuido para ir a votar”.

ACAIP-UGT y CSIF han interpuesto denuncias penales ante el juzgado a raíz de estos hechos, en las que han señalado las resoluciones emitidas por la Junta Electoral Provincial y la Delegación de Gobierno.

También han indicado que, entre otras cosas, la Administración podría estar incurriendo en un comportamiento delictivo por negar a los trabajadores el permiso necesario para ejercer su derecho a votar:

“(…) Con dicha actuación la Administración desalentó o desincentivó la participación del elector en el proceso electoral o, incluso, pudo inducir a la abstención al dificultar injustificadamente su derecho al voto (…)”.

Los servicios jurídicos de los sindicatos han solicitado que se paralicen los expedientes abiertos hasta que se resuelvan las denuncias penales  contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y los directores de los centros penitenciarios por ignorar las instrucciones oficiales de la Delegación del Gobierno y la Junta Electoral Provincial de Madrid, y negar a los trabajadores el permiso para ir a votar.

Los sindicatos desconocen qué ocurrirá con los expedientes e indican que el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska:

«No se ha aclarado la situación en la que queda el expediente, ya que les emplaza a la información escrita que se les remitirá»

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