Macrobotellón de 40.000 personas, quema de vehículos, destrucción de mobiliario, saqueo, agresiones; la noche en Barcelona deja 43 heridos

Las fiestas de La Merced han desembocado en dos noches de disturbios muy violentos

Este viernes, 40.000 personas se congregaron en un macrobotellón en Barcelona que ha terminado con rotura de cristales de negocios y vehículos, agresiones, destrucción de mobiliario y saqueos.

Los Mozos de Escuadra han informado de hasta 11 ataques con arma blanca y 43 heridos en una noche

Además ha habido una serie de denuncias de agresión sexual que se encuentran en estos momentos bajo investigación, quema de contenedores y vehículos privados y de la Guardia Urbana, hurtos y peleas multitudinarias.

Instalaciones públicas también sufrieron daños, como es el caso de la quema de un pabellón de la FIRA o los destrozos ocasionados en el exterior de una comisaría cuando unos sujetos intentaron asaltarla.

La noche se ha saldado con al menos 11 detenidos, entre mayores y menores de edad

La Guardia Urbana ha informado de que 25.000 jóvenes se congregaron en la plaza de España, 2.500 en las playas, 1.300 en el paseo del Borne y cerca de 1.000 en los aledaños del museo de arte contemporáneo MACBA.

De entre estos, el lugar de congregación más peligroso, donde tuvieron lugar la mayoría de los altercados fue la plaza de España, donde también se vivieron escenas de «terrorismo urbano».

El balance de daños es desolador

El sindicato CSIF ha exigido dimisiones políticas y del jefe de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez y además:

«Una investigación interna para que se depuren responsabilidades sobre la gestión y toma de decisiones en los dispositivos de seguridad, que durante estas 48 horas nos están llevando al caos».

Añaden que:

«La dejación de funciones por parte del gobierno municipal tendría que ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía de Barcelona. Como también se tendría que investigar al propio Jefe de Policía de la Guardia Urbana. La policía no interviene porque sigue los criterios políticos y no los criterios policiales que deberían regir y aplicarse».

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