Los trabajadores de salones de juego señalan la «doble moral» del Gobierno

Afirman que se prohíbe el juego privado a menos de 200 metros de los centros educativos mientras se permite «el público»

La Unión de Trabajadores de los Salones de Juego de La Rioja (UTSAJU) ha hecho llegar este jueves a los grupos parlamentarios alegaciones al proyecto de Ley reguladora del juego y las apuestas de La Rioja.

La UTSAJU considera “absurda” la obligación de cerrar los establecimientos de juego que se encuentren a menos de 200 metros lineales de los centros docentes que impartan enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Básica y enseñanzas artísticas profesionales.

Los trabajadores denuncian:

La voluntad del Gobierno regional de acabar con el juego privado. Si no fuera así, no se entendería que estos 200 metros se apliquen solo a los salones de juego privado mientras se permite que se vendan ‘rascas’ de la ONCE a la puerta de los colegios.

El portavoz de la UTSAJU, Juan Luis Peñafiel, ha acusado al ejecutivo regional de “doble moral” al establecer estas prohibiciones «solamente para el juego privado».

Según los trabajadores, en los salones de juego “no pueden acceder menores de edad ni personas que lo tienen prohibido y esto es así con independencia del lugar en el que se encuentre un salón de juego”.

Juan Luis Peñafiel asegura que

Somos los propios trabajadores los que nos hacemos responsables de controlar el acceso a nuestros locales y nuestro empeño en impedir que accedan estas personas a los locales es el mismo con independencia de que el salón se encuentre en el mismo centro de la ciudad, junto a un centro educativo o en un polígono.

Según la UTSAJU, el mantenimiento de esta medida va a suponer que un 97% de los salones de juego tengan que cerrar en los próximos años y 300 personas perderán su empleo.

Los trabajadores afirman que no están de acuerdo con esta medida que consideran que no se aplica a otros negocios. Peñafiel recuerda que

En los bares y supermercados se vende alcohol y muchos de ellos se encuentran a menos de 200 metros de centros educativos. ¿Vamos a pedir que cierren o nos basta con asegurarnos de que no se puedan vender bebidas alcohólicas a los menores de edad?

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