Los test Covid suministrados por los investigados por presunta estafa costaron 16 euros/ud en vez de los 26 que pagó Sánchez

Los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina que suministraron al Ayuntamiento de Madrid material sanitario comprado de la empresa malaya Leno (un millón de mascarillas KN95 de grafeno, dos millones y medio de guantes de nitrilo y 250.000 test rápidos) están siendo investigados por presuntos delitos de estafa, falsedad y blanqueo de capitales.

Cabe recordar que que los test para detectar el covid-19 suministrados Luceño y Medina costaron 16 euros la unidad, mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez llegó a pagar hasta 26 euros la unidad.

Por ejemplo, ese es el caso del contrato con Interpharma del 18 de marzo de 2020, que llevó al pago de 17,1 millones de euros por 659.000 test (26 euros unidad). Tan solo doce días después otro contrato con Palex Medical costó al Ejecutivo de Sánchez 8,9 millones de euros (19 por unidad).

HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

Tanto Luceño como Medina están siendo investigados en estos momentos por Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción número 47, por presuntos delitos de estafa, falsedad y blanqueo de capitales por la venta de material sanitario a cambio de unas supuestas comisiones pactadas con el proveedor malasio de 4,6 millones de euros para Luceño y 900.000 euros para Medina.

Concretamente suministraron 250.000 test al Ayuntamiento del popular José Luis Martínez-Almeida a 16 euros la unidad que pagó algo más de 4 millones de euros a la empresa Leno.

Tras el cierre de la operación y según muestra un email, la mutación del Covid llevó a que los test entregados fueron menos eficientes por lo que la empresa acordó enviar una nueva remesa para sustituir la inefectiva, tras lo cual el Ayuntamiento de Almeida quedó satisfecho.

Por otro lado cabe recordar que un informe técnico de la Policía Municipal de Madrid encargado por la Fiscalía Anticorrupción ha acreditado que las mascarillas obtenidas por los empresarios y entregadas al Ayuntamiento de Madrid reunían los «requisitos jurídicos» para ser consideradas FFP2.

CITACIÓN PARA DECLARAR

Carretero había citado a declarar a Elena Collado -interlocutora en el Ayuntamiento con ambos empresarios investigados- como testigo, pero ha decidido suspender la citación y preguntar a las partes si ha de citarla como investigada, tras una petición realizada por el PSOE que se ha personado como acusación popular en la causa.

Según argumenta el PSOE, Collado podría haber incurrido en los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y complicidad en estafa

Collado confirmó en el email anteriormente mencionado que los test habían llegado y sido evaluados con resultado satisfactorio, por lo que iban a sustituir a la remesa de baja sensibilidad inmediatamente. De este correo se envió copia a la responsable del Servicio de Farmacia en el Ayuntamiento de Madrid, Patricia Montero, y al gerente de Madrid Salud en el Consistorio, Antonio Prieto.

Finalmente, el magistrado Carretero también ha decidido no llamar a declarar a Fernando Sánchez González, gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, que firmó el contrato del material sanitario.

Sí comparecerán como testigos el lunes los directores de las dos oficinas bancarias que según asegura Podemos, realizaron las disposiciones patrimoniales tras el cobro de las comisiones.

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