Los sindicatos alemanes advierten de colapso industrial si hay un embargo total a Rusia

Los principales sindicatos alemanes alertan de que un embargo al suministro de energía procedente de Rusia no solo conllevaría el riesgo de cierres y despidos en Alemania, sino también del «colapso» de las cadenas de producción industrial en toda Europa

Los sindicatos industriales germanos IG Metall, IG BCE e IG BAU, han reclamado al Gobierno en una declaración conjunta que tome medidas a corto plazo, incluyendo apoyo de liquidez y evitar un embargo energético a Rusia.

Las citadas entidades, han advertido de las consecuencias sociales y económicas que supondría imponer un embargo sobre las importaciones de energía rusa. De este modo, han reclamado a Berlín que evite una interrupción del suministro.

Al mismo tiempo, piden introducir cuanto antes medidas de apoyo a la liquidez de las empresas, también reducir temporalmente el IVA del gas y la electricidad y la posibilidad de recurrir al trabajo a tiempo parcial si los costes energéticos fuerzan recortes de producción.

Un presente incierto y un futuro menos dependiente

El Gobierno alemán presentó hace unos días su hoja de ruta para garantizar la seguridad energética del país y reducir su dependencia de las fuentes de energía procedentes de Rusia.

El objetivo es rebajar a cero el consumo de carbón ruso este otoño y ser casi independiente del crudo ruso para finales de 2022, cuando espera cortar su dependencia del gas de Rusia al 30% para alcanzar la independencia en 2024.

Ante el riesgo de un eventual corte del suministro de gas ruso, el ministro alemán de Economía, Robert Habeck, confirmaba el miércoles la activación del nivel de «alerta temprana», la primera de las tres fases del plan de emergencia del Gobierno de Alemania para garantizar el suministro energético del país.

El suministro global de todos los consumidores de gas alemanes está actualmente garantizado. Hay suficiente gas en los mercados (…) Sin embargo, a partir de ahora, todos los consumidores de gas, desde empresas hasta hogares, también deben reducir su consumo tanto como sea posible.

En esta situación, según el plan, el Estado intervendría en el mercado, transformando la Agencia Federal de Redes en el «distribuidor de carga federal», por lo que sería responsable de determinar en coordinación con los operadores la distribución de gas, subrayando que los hogares, empresas sociales u hospitales gozan del estatus de consumidores protegidos.

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