Los servicios jurídicos del Congreso consideran que el diputado condenado Rodríguez no debe perder su escaño contra la sentencia del Supremo

Los servicios jurídicos del Congreso consideran que el diputado de Podemos Alberto Rodríguez -condenado por el Tribunal Supremo a un mes y quince días de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante todo el tiempo que dura su condena por delito de atentado a agente de autoridad- puede permanecer en su escaño.

A pesar de la sentencia del Tribunal Supremo

Cabe recordar, que el Supremo sustituyó la pena de cárcel por una multa de 540 euros.

Y es precisamente, dicha sustitución -ya abonada- la que utilizan los letrados de la Cámara Baja para alegar que la sentencia no debe tener efectos extra penales. Algo que argumentó también Podemos para conseguir que Rodríguez permaneciera en su escaño. Nunca plantearon su dimisión.

Este es el argumento de los letrados para que Rodríguez no tenga que dejar su escaño

Este martes, la Mesa del Congreso analizará el informe elaborado por los servicios jurídicos de la Cámara para tomar una decisión sobre las consecuencias de la sentencia.

EL INFORME DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS; LA BAZA DE PSOE-PODEMOS

Según Europa Press, que ha tenido acceso al documento, éste reza:

«No cabe derivar consecuencia extra penal alguna que afecte a la condición de diputado del Sr. Rodríguez».

Según los letrados en el caso de Rodríguez no concurre:

  • «Ni la causa de incompatibilidad sobrevenida» contemplada (apartado 2 en relación con el apartado 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General)
  • Ni ninguno de los supuestos que comportarían «bien la suspensión de los derechos, prerrogativas y deberes del diputado» o bien la pérdida del escaño (artículos 21 y 22 del Reglamento del Congreso).

También han declarado que sus conclusiones han sido expuestas:

«Sin perjuicio de que las mismas puedan verse afectadas por eventuales pronunciamientos posteriores del Tribunal Supremo o de la Junta Electoral Central».

Estos informes no son vinculantes pero PSOE y Podemos que tienen mayoría en la Mesa podrán utilizarlos para no actuar contra Rodríguez

ARGUMENTO DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

Indican que es cierto que tanto «la pena principal de prisión, sustituida por multa» como «la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo» pueden producir algún tipo de efecto extra penal:

«Producida la condena a pena de prisión, concurre una causa de incompatibilidad sobrevenida que conllevaría la pérdida de la condición de diputado»

No obstante, dado que se ha sustituido la pena de cárcel por una multa concluyen que existen argumentos:

«Que abonan la tesis de que la sustitución produce un cambio en la pena principal».

Por lo que insisten, no sería afectada la condición de diputado del condenado

Así añaden que «el literal del auto de ejecución» de la sentencia no «impone ninguna obligación para la Cámara y, en particular, no prevé la privación del cargo».

«Siendo ésta una consecuencia de máxima gravedad, que incide de forma directa en el derecho fundamental del artículo 23.2 de la Constitución, parece razonable pensar que, en la medida en que no se deduce de manera inequívoca de la normativa aplicable, de haber sido procedente, se hubiera contemplado de forma expresa y taxativa por el Tribunal, bien en la sentencia, bien en el auto de ejecución de la misma».

Defienden también que la sustitución de la pena de prisión por la multa:

«No es ya una forma de ejecución de la pena sino de aplicación de la misma, de manera que vendría a transformar a la pena principal desde su origen, previéndose en la propia sentencia y no de manera derivada como un efecto de la misma en la fase de su ejecución».

Según esta tesis, «para cuando procediera aplicar la LOREG, ya ha operado la sustitución de la pena».

Y concluyen que:

«No cabría apreciar en este caso la concurrencia de tal inelegibilidad, toda vez que la pena privativa de libertad, en tanto que sustituida ‘ab origine’, no ha llegado a nacer en ningún momento».

INTERPRETACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL SUPREMO: ‘MINIMIZA’ LA PENA

Los servicios jurídicos han querido interpretar que:

«La voluntad del juzgador parece ser también la de minimizar el alcance del reproche».

Refiriéndose nuevamente a la sustitución de la pena de prisión por la multa en vez de trabajos comunitarios o localización permanente.

Consideran entonces que:

«En definitiva, pudiendo haber impuesto una pena privativa de libertad, que hubiera sido, ahora sí, determinante de la causa de inelegibilidad contemplada en el artículo 6.2 a) de la LOREG, el Tribunal no lo hizo».

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