Los funcionarios de prisiones denuncian que Interior ordena verbalmente no dar permisos para votar en las elecciones de Madrid

«Sin permiso para votar a los trabajadores de prisiones en Madrid»

Esas eran las contundentes palabras de la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) que denuncian una presunta irregularidad que infringiría el derecho a voto de los funcionarios de prisiones en las elecciones del 4 de mayo en Madrid.

Esta denuncia hace referencia a una supuesta orden verbal reiterada en diferentes centros penitenciarios que ha sido revelada por trabajadores de prisiones.

Consistiría en la prohibición de permisos para salir de la cárcel a votar, a los trabajadores que no hagan turno de mañana y tarde el mismo día de las elecciones.

No hay constancia por escrito que desgrane el argumento que esgrimiría la Secretaría General para justificar esto, puesto que la supuesta orden denunciada habría sido realizada de forma verbal.

Según desgrana OKDIARIO, fuentes penitenciarias han explicado que el personal suele hacer un turno doble para conseguir un día libre a la semana y que tanto esta práctica como la concesión de permisos retribuidos, habrían quedado verbalmente prohibidas.  La medida afectaría al 65% de la plantilla entre 2.500 y 3.000 personas.

No permitir que ese día se doblen turnos ha sido denunciado por las asociaciones como una instrucción generalizada.

Pero lo más grave es la parte de no dar permisos, que contraviene directamente la resolución de 24 de marzo de 2021 donde se regulan esos permisos retribuidos para facilitar la votación de los trabajadores cuyos horarios coincidan con la apertura de las mesas electorales.

La decisión no ha tardado en llegar a oídos de CSIF y Tu Abandono Me Puede Matar, que han instado a todo trabajador que se le niegue el permiso a que proteste ante la Delegación del Gobierno de Madrid, la Junta Electoral que le corresponda por zona y el Ministerio del Interior.

Las asociaciones también han trasladado el caso a sus abogados a fin de averiguar si la orden verbal atenta contra los derechos de los funcionarios de prisiones. Han asegurado que, de ser la respuesta afirmativa, tomarán medidas legales.

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