Los extranjeros ilegales también recibirán el aguinaldo riojano

Estoy seguro de que ni Henar Moreno ni Concha Andreu acudirían a una entidad financiera a pedir un préstamo y endeudarse personalmente para donar gratuitamente el importe percibido a acciones caritativas. Esta situación les supondría asumir una responsabilidad directa, garantizada con sus bienes particulares, en caso de impago de las cuotas adeudadas.

Sin embargo, aquello que ambas nunca harían con su propio patrimonio, sí que lo hacen con el dinero público proveniente bien de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos o bien de la financiación obtenida a través de instituciones españolas o europeas y que, por supuesto, también hay que devolver.

Esta semana, la populista Henar Moreno, Diputada en el Parlamento de La Rioja por Izquierda Unida-Podemos, ha anunciado que la Renta de Ciudadanía se ampliará a los solicitantes de asilo, aún cuando no estén en situación de residencia legal, bastando para su percepción el mero hecho de que sean solicitantes de asilo. Para ello, únicamente será necesario que acrediten una estancia ininterrumpida de un año o de cinco años de forma interrumpida.

La necesidad por parte del Gobierno riojano de la socialista Concha Andreu de contar con el voto favorable de los comunistas para sacar el Presupuesto de 2.022 es lo que, nuevamente, ha llevado a otro dispendio de las arcas públicas.

A nosotros, los ovinos contribuyentes, no nos subirán el salario a pesar de que el IPC se dispara por encima del 5%, asumiremos el desorbitado incremento en el gasto de la luz, gas y carburante, no protestaremos por el inquietante aumento del coste de la cesta de la compra, veremos a muchos comercios bajando sus persianas, sufriremos la subida de tasas… pero tendremos que aplaudir a estos gobernantes que se dedican a dilapidar alegremente nuestro dinero.

Y hablo de nuestro dinero, no del suyo, porque el dinero público es la hucha común de todos los riojanos y españoles. El futuro de nuestra región y de nuestro país depende, en gran medida, de la situación económica que dejen quienes manejan los presupuestos. Actualmente, la deuda pública estatal ronda el 130% del IPC, lo que significa que se necesita 1 año y 4 meses de todo lo que recauda el Estado para destinarlo a esa deuda, suponiendo que el Gobierno no gastaría ni un euro en absolutamente nada durante ese periodo. Es decir, estamos en quiebra técnica porque nadie parece poner freno a este desvarío presupuestario

Mientras tanto, mantenemos gratuitamente a una gran masa de población, cada vez mayor, que no contribuye al bienestar general y que se aprovecha impunemente del dinero que se recauda del trabajador o del endeudamiento desorbitado en el que incurren las instituciones públicas.

No son buenos gestores los que tenemos. Todo aquel extranjero que esté regularizado de acuerdo a la legislación española, con la intención de trabajar y de respetar nuestras costumbres, debe ser bienvenido. Quien se encuentra en situación irregular no puede ser mantenido de forma permanente por el Estado, pero no por una cuestión de insolidaridad ni de procedencia, sino por la mera supervivencia de nuestra sociedad.

Es muy fácil generar con dinero público rentas perpetuas a quien ha entrado de forma ilegal en España o en La Rioja, o incluso a españoles profesionales en el arte de la percepción de las subvenciones y con escasas ganas de trabajar. Frente a patronos, obreros y funcionarios, están consiguiendo crear una nueva clase social, los “subvencionados”, aquellos que perciben ayudas vitalicias y que no tienen pretensión alguna de incorporarse al mercado laboral.

Pero ustedes, dirigentes, están elegidos para lo difícil: para gestionar de forma eficaz los recursos públicos, para evitar endeudamientos excesivos, para generar prosperidad, para facilitar la creación de empleo, para cuidar el estado social, para no engordar innecesariamente la administración pública y, sobre todo, para evitar dejarnos un futuro lleno de telarañas, de incertidumbres, de confrontación y de pérdidas de valores e identidades.

La gobernanza debe de regirse por un principio básico, el sentido común. Empiecen, por tanto, a aplicar desde el Parlamento Riojano el mismo sentido común que, seguramente, utilizan para su vida particular.

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