Los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado se echan a las calles

Principalmente con el objetivo de impedir la derogación de la llamada «Ley Mordaza» que en muchos puntos está pensada para hacer más fácil la de por sí complicada labor de la policía y los antidisturbios.

Una de las quejas más extendidas entre los sindicatos de policías es que se considera que el Gobierno actual solo quiere beneficiar al delincuente a costa de complicar aún más la acción de los agentes. Esto estaría coincidiendo con un repunte en las agresiones a agentes y del crimen en general.

Protesta generalizada

Para variar, la práctica totalidad de los sindicatos y asociaciones de policía, también de Guardia Civil, han coincidido en la necesidad de salir a protestar contra lo que consideran intolerable.

Miles y miles de policías nacionales, municipales, autonómicos, guardias civiles llegados desde todos los puntos de España -hasta 150.000 personas, según los convocantes- se han echado hoy a las calles en una manifestación histórica para exigir al Gobierno la paralización de la reforma de la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana.

La convocatoria de este 27N surgió de los sindicatos mayoritarios de Policía y Guardia Civil, Jupol y Jucil. Al igual que ocurrió el pasado miércoles en las concentraciones ante las delegaciones de Gobierno, las asociaciones sindicales han logrado dejar las siglas a un lado y se han unido para luchar contra esta reforma que, aseguran, perjudica a todos. “No es una cosa que perjudique a nuestro trabajo, que desde luego nos deja en una situación de inseguridad jurídica evidente, es que lo va a pagar el ciudadano”, asegura un agente llegado desde Oviedo.

La marcha partía de la Puerta del Sol a las 11:30. Según un portavoz de Jusapol, a la llegada de la cabecera a la plaza de la Cibeles, aún no había terminado de salir la cola de Sol.

El manifiesto que han compartido deja claro sus reivindicaciones: ”La voluntad de sumar esfuerzos entre todos los colectivos policiales con un objetivo claro: frenar una reforma legislativa que se ha planteado completamente a espaldas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España.

“La delincuencia y la seguridad ciudadana han cambiado profundamente. Una ley de este tipo debe sentar las bases de una sociedad más segura y libre frente a comportamientos incívicos y esta ley hace lo contrario, favorece al delincuente”. “Esta ley cuestiona el principio de autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es una norma que transmite un mensaje de impunidad, justo cuando más agresiones están sufriendo nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Queremos que se respete el principio de autoridad”, zanjan.

«Impunidad» para la violencia callejera

Otro de los puntos más polémicos de la reforma es la permisividad con las llamadas manifestaciones “espontáneas”, que podría suponer que muchos agentes abandonen las unidades de antidisturbios.

Poder convocar manifestaciones sin comunicación previa, provocará altercados que, sin la necesaria planificación, serán prácticamente inabordables para las policías en caso de que terminen en disturbios. Al no constar de forma oficial quienes son los convocantes de la protesta, se favorecerá la impunidad de quienes estén detrás de dichas algaradas callejeras. Gana la inseguridad ciudadana, no la convivencia.

Limitar los medios de intervención de los profesionales de la seguridad, supone limitar la eficiencia de las unidades de control de masas violentas, y poner su integridad física en riesgo. Buscan la intervención cuerpo a cuerpo, lo que aumentará considerablemente las lesiones entre policías.

Dejar a los policías como «taxistas”

“Reducir a dos horas el tiempo de identificación de un sospechoso, imposibilita en la práctica el correcto trabajo de los agentes, sobre todo en aquellos ámbitos donde hay dispersión geográfica y falta de medios. Con el máximo respeto a cada profesión, somos policías, no taxistas”.

“Limitar las sanciones a la capacidad económica del infractor nos parece una medida populista que, en la práctica, elimina el factor más determinante de toda sanción: el de la disuasión. A muchos les saldrá gratis cometer infracciones”

“Este proyecto de reforma no busca el consenso entre legislador y FFCCSS para hacer de España un país más seguro, sino la contraprestación política y la aritmética de apoyos parlamentarios. Tal vez al Gobierno le salgan las cuentas, pero a la sociedad no”.

A la convocatoria han acudido muchos políticos, los principales líderes de la oposición como Santiago Abascal, Ayuso, Pablo Casado o Macarena Olona.

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