Las organizaciones policiales y de guardias civiles se unen para sacar a la calle a 100.000 agentes contra el Gobierno

Ven injusta la derogación de la que hace años fue bautizada como «Ley Mordaza».

Agentes de todos los cuerpos de las Fuerzas de Seguridad del Estado se manifiestan el 27 de noviembre en Madrid porque el Ejecutivo les dejó «vendidos».

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ha conseguido poner de acuerdo a todos los sindicatos policiales, que se concentrarán en Madrid el próximo día 27 de noviembre.

La idea es sacar a la calle a 100.000 agentes para demostrar su descontento con el Gobierno y echar en cara que no se les ha tenido en cuenta en la negociación de la nueva ley, en unos trámites que califican «vitales» para su trabajo.

Con la sensación principal de quedar despojados de su autoridad, los cambios en la normativa han conseguido una unidad de acción, inaudita hasta ahora, entre todos los representantes de policías y guardias civiles.

Las principales organizaciones sindicales consideran que esta modificación de la conocida como Ley Mordaza dinamita la potestad de los agentes en la medida en que, por ejemplo, les limita buena parte de su material de trabajo comprometiendo así, insisten, «su capacidad de reacción». También abundan en que «entorpece» el trabajo policial.

Nos van a mandar a la guerra sin los medios adecuados y además el Gobierno nos aboca al enfrentamiento cuerpo a cuerpo.

El Gobierno no nos puede dejar vendidos en las intervenciones en las calles, y no sólo hablamos del orden público, sino también en las identificaciones, por ejemplo», añade.

Sin duda -prosigue- es un atropello a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por eso hemos dicho basta. La unión es aplastante porque ante esto algo tenemos que decir.

Aparte de limitar el uso de material de los antidisturbios, los cambios pasan por no penalizar la distribución de imágenes de los agentes que son grabadas por terceros; la celebración de manifestaciones espontáneas sin comunicación previa; o la reducción de las multas relacionadas con incidentes violentos en función de los ingresos del infractor.

Los sindicatos de la Policía y las agrupaciones del Instituto Armado reiteran que las movilizaciones y las protestas continuarán hasta que no consigan la derogación de la reforma de la normativa.

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