La víctima de abusos sexuales del ex marido de Oltra denuncia a la Consejería de Igualdad por seis presuntos delitos

La niña tutelada en un centro de menores valenciano que sufrió «abusos sexuales continuados» a manos del cuidador Luis Eduardo Ramírez Icardi, ex marido de Mónica Oltra, ha denunciado a la Consejería de Igualdad ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.

Los acusa de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación, denegación de auxilio, contra la integridad moral, encubrimiento y abandono de un menor

Concretamente, la víctima Teresa T.M., ha presentado su denuncia contra tres funcionarias de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y la directora del centro de menores donde los abusos. Sus nombres y cargos durante los hechos son:

  • Isabel S. M. directora territorial de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de Valencia.
  • Isabel D. M., directora del Centro de Acogida Niño Jesús.
  • María José N. M., funcionaria de la Consejería de Igualdad que instruyó el expediente.
  • Inmaculada M. H., psicóloga de la Sección del Menor de la Consejería de Igualdad.

Según explica la denuncia, los responsables y altos cargos conocían la existencia de los abusos desde febrero de 2017 y durante meses omitieron su deber de denunciar los hechos. En cambio:

«Victimizaron a la niña con ataques personales, y cuando la menor contó a la Policía los abusos que sufría, intentaron que no le dieran crédito y realizaron una especie de investigación parajudicial de la que no informaron a la Fiscalía con el propósito de desactivar la denuncia».

Aún es más:

  • Derivaron a la menor a un centro psicológico privado que elaboró un informe con datos reservados.
  • Aplicaron un protocolo preparado por el abusador y la directora del centro.
  • Permitieron que la víctima y el criminal convivieran en el mismo centro.
  • Autorizaron que la Policía llevara a la niña víctima de abusos sexuales al juicio esposada, recibiendo el trato propio de un criminal.

La denuncia expresa textualmente la sospecha:

«De si el parentesco del acusado con la vicepresidenta y portavoz del Gobierno Valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra Jarque, pudo pesar en el ánimo de las que tenían la responsabilidad de defender y salvaguardar la integridad física, moral y sexual de la niña tutelada».

José Luis Roberto, abogado representante de la denunciante, ha afirmado que a pesar de que la Abogacía debía defender en el juicio a la en aquel entonces menor tutelada, lo único que hizo Isabel S.M. fue:

«Dar un paso más en la victimización de la niña con la tramitación de un expediente para determinar la certeza de las declaraciones de la adolescente».

Añade además que el informe fue enviado a la Fiscalía a los dos años y «casualmente» un día antes de que se dictara la sentencia:

«En lugar de denunciar los abusos sexuales, la única iniciativa que adoptó la representante legal de la menor fue ordenar la instrucción del sesgado expediente informativo».

La directora del centro de menores también omitió su deber, según señala el letrado de la joven, puesto que no denunció los hechos ante la Policía ni a la Fiscalía de Menores.

Isabel D. M. envió informes de incidencias que, asegura el abogado son:

«Una clara muestra del intento de desacreditar a la niña, dedicando mucho más esfuerzo a mostrar el aspecto más negativo de su carácter que a confirmar la realidad de sus manifestaciones y dar traslado a quien tenía que valorar su credibilidad».

SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA

Teresa, de 18 años, reside en la vivienda de un familiar junto a su pareja y su recién nacido de dos meses. Ha solicitado a la Generalidad una ayuda social, sin embargo, su expediente se encuentra en tramitación según señala la Consejería de Igualdad.

LA SENTENCIA DEL JUICIO POR ABUSOS SEXUALES RESPALDA LA DENUNCIA

Cabe recordar la tajante y brutal sentencia en el juicio contra el ex marido de Mónica Oltra, que afirmaba directamente que:

«Podían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalita.t al haberse producido los abusos en un centro dependiente de la Conselleria«.

Y criticaban:

«La hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima que se trasluce en los informes que elaboraron quienes paradójicamente estaban llamados a protegerla«.

Entre otras cosas también señalaban el trato de favor al acusado y el trato a la víctima con el objetivo de hacerla parecer ante los ojos de la ley como una persona «problemática, mentirosa y violenta».

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