La nueva ‘Ley Zerolo’ convertirá en delito cualquier crítica al ‘pueblo gitano’

La ‘Ley integral para la igualdad de trato y no discriminación’ modificará el Código Penal para reforzar la persecución de las manifestaciones que inciten al odio. Esto es cualquier crítica o consideración negativa hacia el ‘pueblo gitano’ entendido como colectivo

La Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación -ya conocida como Ley Zerolo– modificará el Código Penal para que por primera vez el «antigitanismo» esté tipificado como un delito. Estos delitos conllevarán una pena de uno a cuatro años de prisión.

La Comisión de Igualdad votará el informe de la ponencia de esta proposición de ley impulsada por el PSOE, que entre las enmiendas incluirá la modificación del artículo 22 del Código Penal.

Según informa el grupo parlamentario socialista:

Quienes públicamente promuevan o inciten al odio, discriminación o a la violencia contra los gitanos y gitanas; quienes elaboren o posean, con la finalidad de distribuir a terceras personas, escritos o cualquier otra clase de material que por su contenido incite o fomente al odio, serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.

Además, se incluirán a quienes públicamente nieguen o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad contra ellos.

Y, explica la nota, quienes lesionen la dignidad de las personas gitanas mediante acciones que entrañen humillación y quienes enaltezcan o justifiquen -por cualquier medio de expresión pública o de difusión- los delitos que hubieran sido cometidos contra los gitanos serán castigados con una pena de prisión de seis meses a dos años y una multa de seis a doce meses.

La diputada socialista Beatriz Carrillo asegura en el comunicado que desde que se acordó admitir a trámite la proposición de ley, hace cerca de un año, «se ha trabajado de manera incansable» para que la futura norma garantice los derechos de las personas que sufren discriminación.

La ley para la igualdad de trato, cuyo registro en solitario por el PSOE supuso un conflicto con su socio de Gobierno -que se abstuvo en la votación para su toma en consideración en el Congreso-, pretende crear un comisionado para la igualdad de trato, promover una estrategia estatal contra la discriminación y establecer un régimen sancionador.

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