La nueva Ley Trans es inconstitucional en varios puntos

El gobierno establece en la nueva Ley Trans que cualquiera que haya sido denunciado por «discriminación a un transexual» será quien tenga que demostrar su inocencia para eludir la multa.

Las sanciones son bastante cuantiosas y se dividen en tres grados. Las sanciones leves (hasta 2.000 euros), graves (hasta 10.000) y muy graves (de 10.000 a 150.000).

Más allá de lo ridículo o no que pueda parecer «abolir», en cierto modo, el sexo biológico, la nueva Ley Trans no respeta principios básicos del derecho como el in dubio pro reo del acusado y onus probandi del acusador.

De igual manera, se transgrede flagrantemente el artículo 14 de la Constitución, que establece claramente la igualdad jurídica de todos los ciudadanos, sin importar su condición sexual, orientación, raza…

La ley también obliga a que el currículo educativo fomente el respeto a la diversidad sexual en todas las edades. En la práctica esto se traduce en incluir en el currículo axiomas de la ideología queer, no respetándose, por tanto, el principio de neutralidad ideológica que debe regir en todo sistema educativo de un país democrático.

Lucha contra el «fraude» en la determinación de sexo.

La ley Trans y LGTBI incluirá una cláusula de seguridad para evitar que alguien juegue o cometa fraudes de ley con el derecho a la autodeterminación de género.

Una vez transcurridos seis meses desde el cambio de sexo, la persona que quiera deshacer el proceso tendrá que acudir a los tribunales. De este modo, la persona corre el riesgo de ser multada por fraude de ley si se demuestra que su cambio de sexo no fue realmente sentido.

El fin de las terapias de reconversión.

Se prevén multas de hasta 150.000 para las posibles terapias de reconversión sexual, que quedan totalmente abolidas (al menos mientras la sexualidad objetivo de las mismas sea la heterosexual).

Asimismo, se contemplan penas graves para el acoso o la represalia por orientación sexual; el uso de libros de texto que señalen como inferiores a estos colectivos; y la discriminación en el acceso al empleo o la vivienda.

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