La ley del sí es sí de Irene Montero permitirá acreditar la existencia de «situaciones de violencia sexuales» sin la mediación de un juez
Según el documento, las víctimas de la violencia sexual no necesitarán una sentencia condenatoria para poder acceder a derechos reconocidos en la ley, como la reparación económica o vivienda.
Estas situaciones podrán acreditarse por:
«Una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que declare la existencia de violencia sexual o acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencias sexuales».
Y también podrán acreditarse;
«Mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencias sexuales de la Administración Pública competente, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los casos objeto de actuación inspectora; o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en la legislación sectorial que regule el acceso a cada uno de los derechos y recursos».
Además:
«En el caso de víctimas menores de edad, la acreditación podrá realizarse, además, por documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial».
El Gobierno y las Comunidades Autónomas serán las que:
«En el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, diseñarán, de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencias sexuales».
La acreditación como víctima de violencia sexual dará acceso a una serie de derechos
Uno de dichos derechos serán las ayudas económicos en el caso de que su renta mensual sea inferior al salario mínimo, 950 euros y será:
«Equivalente a seis meses de subsidio por desempleo».
Se podrá percibir en un pago único o en seis mensualidades y también podrá prorrogarse una vez.
Si la víctima tiene discapacidad acreditada o personas a su cargo, las ayudas aumentarán. En este caso, el importe podrá alcanzar el de un periodo equivalente al año y medio de subsidio o de dos años si alguna de las personas a cargo tienen discapacidad acreditada.
Las administraciones públicas promoverán además el:
«Acceso prioritario de las víctimas de violencias sexuales al parque público de vivienda y a los programas de ayuda de acceso a la vivienda».
También se podrá acceder a:
«La reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la adaptación de su puesto de trabajo y a los apoyos que precise por razón de su discapacidad para su reincorporación, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo«.
Toda ausencia o falta de puntualidad al trabajo motivada por la situación física o psicológica derivada de la situación de violencia sexual vivida se considerará justificada y serán remuneradas cuando lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud.