La ley de Infancia de Iglesias sale adelante con el voto a favor de PP y Ciudadanos

El voto a favor de PP y Ciudadanos ha permitido que el Gobierno saque adelante en el Congreso este jueves el proyecto de Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia, impulsado por Pablo Iglesias.

El resultado de la votación de la ley Rhodes, así llamada por PSOE y Podemos, ha sido 268 votos a favor entre los que se encuentran PP, Ciudadanos y ERC, 57 en contra entre los que están VOX y PNV y 16 abstenciones.

VOX ha declarado que esta ley supone una «amenaza para la familia» que «arrebata a los padres el derecho a que sus hijos se eduquen conforme a sus convicciones morales». Además ha incidido en el hecho de que «es puro adoctrinamiento ideológico» que «expropia el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propios principios y valores» y «pretende que las Administraciones Públicas digan a los padres cómo tienen que educar a sus hijos. ¿Y cómo? Desde la perspectiva de la ideología de género».

Defienden que la ley «no respeta el convenio de Estambul» y reconoce como autoridad a funcionarios públicos, que no son jueces, a la hora de determinar si un niño debe separarse de sus padres.

La diputada del partido de Santiago Abascal, Teresa López, ha recordado que el Gobierno quiere legislar sobre los casos de explotación sexual de menores tuteladas después de haber rechazado investigar los abusos ya cometidos en Baleares.

Paradójicamente, el PP denunció el «enfoque político» de esta ley y su «utilización partidista» y registró cerca de 150 enmiendas el 19 de octubre de 2020:

«Tras una preocupación aparente, encontramos una hipocresía real en tanto que los proponentes del texto son los mismos que han impedido que se investigue ‘el caso de Baleares'»

Dichas enmiendas fueron rechazadas por el Gobierno.

Entre otros puntos, la ley pretende eliminar el Síndrome de Alienación Parental que no se podrá tener en cuenta en los procedimientos judiciales. Esto permitía retirar la custodia en los casos en los que la madre manipulaba a los hijos en contra del padre, como ocurre en las denuncias falsas.

También obligará a utilizar la prueba preconstituida hasta los 14 años para no «revictimizar», de manera que el interrogatorio de la víctima y su exposición de los hechos se harán fuera del juicio. Se tendrá que utilizar el testimonio grabado en vez de su directa exposición, sin atender a las preguntas o cambios que puedan realizarse a lo largo del juicio y no se les permitirá contar su versión de los hechos directamente en la sala.

Además comprende medidas sobre la implantación de modelos educativos que promuevan la teoría de género, diversidad sexual y puntos que articulan la manera de educar a los niños impidiendo a los padres la libertad de elegir lo que moral o religiosamente prefieran para sus hijos.

Por último eleva hasta los 35 años la edad desde la que se empieza a contar el plazo de prescripción de abusos a menores. En un principio iba a empezar a contar desde los 30 pero el acuerdo alcanzado este miércoles entre PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, eH Bildu, Más País y BNG ha subido la edad.

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