La Audiencia Provincial de La Coruña ha revocado la decisión de Marta Canales, la magistrada de Primera Instancia, y sentencia que el Estado deberá devolver todos los bienes del Pazo de Meirás a los Franco e indemnizarles por la incautación.
La sentencia afirma que la Administración no reclamó los mencionados bienes cuando estaba en plazo, aunque pueden ser solicitados todavía. Por lo tanto, la Audiencia ha estimado el recurso interpuesto por los Franco y ha dejado sin efecto la medida cautelar acordada a petición de la Administración, que ahora tendrá que indemnizar a la familia Franco por los daños y perjuicios que les hubiese ocasionado la orden:
“Únicamente se demandó, y así se estimó, un derecho de propiedad sobre una finca catastral. (…) evidente que el concepto de inmueble por incorporación nunca podría extenderse a mesas, sillas, vajillas, alfombras o cuadros.» (…) «Si la finalidad del Estado era evitar que pudieran desgajarse elementos arquitectónicos que deben considerarse parte del inmueble, nada obstaba a que hubiese solicitado que estuviese presente la comisión judicial cuando se procediese a la retirada del mobiliario”.
“En ningún momento la Administración anuncia una futura demanda postulando la propiedad de ese mobiliario”.
También ha explicado, que la Administración no reclamó en su demanda inicial que se decidiera a quién le pertenece el mobiliario, por lo que no procede a discutir esto, en este momento procesal.
“Ese argumento no puede ser tenido en consideración en este trámite. Se está ejecutando una sentencia, por lo que solamente se puede entrar en lo que dice la parte dispositiva de la resolución judicial. Esos argumentos podrá utilizarlos, en su caso, como fundamento de una demanda reivindicando el mobiliario” haciendo hincapié en el hecho de que en el fallo de primera instancia “no se dice que los muebles sean propiedad del Estado, ni nunca se tocó esa cuestión en todo el litigio”.
La Audiencia Provincial sí ha dejado claro que la Administración puede demandar en otro pleito la titularidad de los muebles que considere propiedad del Patrimonio Nacional asignado al uso del jefe de Estado.