La Justicia da 10 días a la Generalidad para que vacune «sin excusa» a la Policía y a la Guardia Civil

Un juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado al Departamento de Salud de la Generalidad que “sin excusa alguna, garantice de inmediato y sin dilaciones la vacunación contra el coronavirus de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan servicio en Cataluña”.

La justicia ha dado un plazo de 10 días, en los que la vacunación a policías y guardia civiles debe alcanzar la misma proporción que la de Mossos d’Esquadra.

Aún es más, el juez ha exigido que dos días después del límite de 10 días, deberán hacerle llegar un informe con los resultados de la campaña de vacunación.

Bochornosamente tan solo el 7% de la Policía y la Guardia Civil está vacunada, frente al 77% de Mossos d’Esquadra.

Entre los argumentos esgrimidos por el TSJ para dictar esta sentencia, se encuentra el hecho de que se produciría un «peligro de mora procesal, en la medida en que el bien a proteger (la salud y la vida de los agentes concernidos) puede verse perjudicado de forma irreparable o difícilmente reparable de no accederse a la medida cautelar».

La Generalidad, lejos de reconocer sus actos discriminatorios, presentó siete argumentos contra la denuncia de las asociaciones profesionales. Un informe es utilizado como referencia para respaldar su insistencia de que no ha habido discriminación alguna.

Pero la supuesta prueba aportada por la Generalidad para probar la falta de discriminación, sólo ha servido para lo contrario. Entre sus páginas explica que el 24 de marzo el 77% de los Mossos, el 68,9% de los policías locales de Cataluña y el 77,9ç5 de la Guardia Urbana, la policía municipal de Barcelona, estaban vacunados. Sin embargo en la misma fecha sólo habían sido vacunados el 3,6% de los policías nacionales y el 2,8% de los guardias civiles.

Tras semejante prueba en contra, el magistrado sentenció con firmeza:

«No son necesarias demasiadas pruebas para entender que la demora en la vacunación de los funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que están en activo puede situar a tales funcionarios en una situación de riesgo para su salud (incluso de riesgo grave o irreparable) superior a otros grupos de población».

El juez enumera los motivos legales para llevar a cabo la medida cautelar, los argumentos que desmontan la defensa de la Generalidad y además añade:

«En todo caso, no parece razonable que, a estas alturas, habiéndose vacunado el grueso de los cuerpos policiales catalanes, se siga relegando a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil con destino en Cataluña».

Tras meses esperando en balde que el Ministerio de Interior, el Defensor del Pueblo o el Gobierno de España resolvieran la situación, el juez lo ha solucionado en apenas dos semanas.

Hace ya una semana que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció que el gobierno español sería quién vacunara a policías y guardia civiles: «Una comunidad autónoma no ha tenido la respuesta establecida en la estrategia de vacunación acordada por todos los que formamos el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Me refiero a los miembros de las FCSE en Cataluña, que no han sido vacunados en los términos que sí lo han sido en otras comunidades autónomas. Por eso el gobierno de España ha tomado la decisión de vacunar nosotros a los miembros de las FCSE en Cataluña».

Una semana después, sin que el gobierno de Pedro Sánchez tomara acción alguna, ha sido la resolución del juez la que va a obligar a la Generalidad a vacunar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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