La mitad de los alcaldes independentistas han dejado ya de malversar dinero público para financiar el proceso secesionista.
Se calcula que la acción de la Justicia contra la malversación hace que la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) pierda entre el 40 y 50% de sus ingresos.
La asociación fue creada por Carles Puigdemont en 2015. A pesar del éxito inicial de su programa de financiación, está dando síntomas de agotamiento ya que el proceso independentista ha llegado a un punto muerto.
En 2013 el Tribunal Constitucional ya consideró ilegales este tipo de destinaciones para el dinero público.
Rosa Fonoll, alcaldesa de Cubelles (Barcelona), es la primera edil imputada por realizar estos pagos.
Tribunal de Cuentas y denuncias múltiples.
Este tribunal y otros han actuado ya contra varios municipios por malversación. Estas acciones han desalentado la participación de muchos ayuntamientos implicados.
La AMI cuenta ahora con 784 municipios y 54 entidades locales adscritas.
Antes de la pandemia, todos estos municipios pagaban una cuota anual que oscilaba desde los 75,50 euros para los pueblos de menor población, hasta los 6.000 euros para las localidades con mayor densidad de habitantes.
Ahora, el constitucionalismo ha presentado 600 contenciosos administrativos. Estos podrían derivar en nuevas causas judiciales.
Los alcaldes de ERC, JxCat o la CUP son conscientes de esto y han optado ya- entre el 40% y 50% de los casos, según explicó su anterior presidente de la AMI, Josep Maria Cervera, en el ‘Ara’- por tomar precauciones. Las precauciones pasan por retirar, temporal o definitivamente, los correspondientes pagos ilícitos.