La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, llamada de forma abreviada como LIVG o VioGen es una ley del ordenamiento jurídico español con carácter de ley orgánica, esta ley es inconstitucional y lo digo sin presunciones, pues fue una ley que fue aprobada definitivamente en recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional de forma ilegal, ya que discrimina al hombre por el hecho de serlo y le condena de por vida a tener la «espada de Damocles» en su cabeza.
Es una ley aprobada bajo presiones al TC, según declaró Alfonso Guerra en una entrevista a los medios de comunicación.
Según le manifestó el presidente del Tribunal Constitucional, «fueron tan fuertes dichas presiones que tuvieron que aprobarla y ponerla en marcha«.
A pesar que, al parecer, Alfonso Guerra le advirtió que, sería una ley discriminatoria contra los hombres.
Declaraciones de Alfonso Guerra sobre la ley de VioGen: «actos penales que estaban ejecutados por hombre o mujer tendrían sanciones diferentes«. Estando en contra del artículo 14 de la Constitución.
Aquí les dejo sus declaraciones que deberían de haber servido para interponer de nuevo recurso de inconstitucionalidad contra esa ley, al margen de iniciar acciones penales contra los miembros del TC que presuntamente se dejaron presionar y la aprobaron cometiendo un presunto delito de prevaricación.
Partiendo la Constitución en dos y resquebrajándose el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles. Fue un delito de prevaricación sin precedentes cometido por una alta magistratura del estado. Una ignominia de tal calado que desde aquel día donde se pronunció ese tribunal corrupto, España dejó de ser un país democrático de pleno derecho.
Elimina el principio de igualdad, sagrado en nuestro ordenamiento jurídico y en una democracia, pues con la aprobación de aquella ley, se tambaleó los cimientos de igualdad entre los españoles, haciéndose la diferencia y la desigualdad entre un hombre y una mujer cada día mas grande.
Daría igual el fondo de la cuestión, simplemente saltó por los aires el principio del derecho de ser iguales ante la ley y la justicia
En lugar de haber propuesto una ley que de verdad fuera para perseguir los delitos cometidos por los violentos, los maltratadores de mujeres, a los energúmenos/as que ejercen esa violencia en el entorno familiar, pero no sólo a los hombres violentos, sino a todo tipo de violencia ejercida por cualquiera dentro del domicilio, sea hombre o mujer, o sea contra cualquier miembro de la familia, como la que sufren los niños por parte de alguno de los cónyuges, los abuelos por parte de nietos o hijos, o los que sufren algunos hombres por sus parejas mujeres, o los malos tratos de mujeres por sus parejas mujeres, o las de los hombres por sus parejas hombres etc.
Cualquier víctima de violencia en el domicilio, sin distinción de sexo, pues la violencia no entiende de género, ni edad, ni color de la piel, ni circunstancias económicas, ni religiones, ni cualquier otra consideración, es violencia y punto.
De hecho, desde que se aprobó la LIVG no han disminuido los delitos, sino todo lo contrario, han crecido exponencialmente. Sin embargo, se prefirió ir por el camino fácil y condenar a la mitad de la población sometiendo al hombre a la estigmatización, criminalización y destrucción de los afectos, al considerar al hombre como presunto culpable, no sólo de malos tratos, sino de generalizar la violación y considerarnos a todos como posibles violadores de mujeres desde la cuna, una aberración que en cualquier sociedad civilizada sería Inadmisible e intolerante, pero que en España se ha asumido y nos lo hemos tragado como el que se traga un sable. Todo porque la extrema izquierda ha hecho su “guerra” de esta cuestión, lo ha politizado para sacar decenas de subvenciones a los cientos de “chiringuitos” que pululan en el entorno del ministerio de igual-da.
Las consecuencias de la LIVG
Existe un protocolo para aplicar en caso de que cualquier mujer llame a la Policía por presunta violencia contra ella ejercida por su pareja hombre, este protocolo solo es aplicable a los hombres cuya pareja haya denunciado, o alguna asociación haya puesto en conocimiento la posibilidad de presuntos malos tratos, aunque no se llegue a verificar, ni comprobar, ni tan siquiera probar, o bien que la Policía detecte cualquier anomalía en los comportamientos entre parejas. Pero conforme han ido pasando los años desde su aprobación, se han ido “viciando” hasta el punto que ya no es menester que una mujer denuncie a su pareja hombre para poner en marcha todo el mecanismo protocolario contra el hombre, incluso, hasta el punto que con un informe de cualquiera de las asociaciones que actúan bajo el paraguas institucional del ministerio de Igualdad, sería más que suficiente para que la policía actuara e iniciara el protocolo de actuación, que no es otro que la detención inmediata y puesta a disposición judicial de la pareja, hombre, aunque no se contemple ni observe ningún tipo de vestigio de violencia, ni prueba, ni indicio que ayude a aclarar cualquier circunstancia jurídica ante la defensa del hombre.
Los “chiringuitos”, asociaciones de abogados, psicólogos, asistentes sociales, asociaciones civiles, asociaciones adscritas al M. de Igualdad, asociaciones de fiscales, jueces etc.
Tengamos en cuenta que alrededor de esta ley, existe un verdadero ejercito de asociaciones, un conglomerado, tanto a nivel jurídico, abogados, de asuntos sociales, de asociaciones de ayuda a la mujer, de todo tipo de agoreros fantasiosos y subvencionados, viviendo de las desgracias ajenas, que no vacilarán en su actuación para no perder a una posible “victima-clienta”, en lugar de intentar salvar un posible matrimonio, pues todos pasan por dificultades, como pasa en todos los ámbitos familiares y de la vida, pero que al entrar estas asociaciones que compiten por las subvenciones, siempre adoctrinarán a esa pobre mujer para que inicie la separación, incluso, intentarán sacar cualquier vestigio de anomalía en la convivencia para iniciar por la vía rápida, es decir, aconsejar denunciar a su pareja para anularle ante una separación de divorcio desacreditándolo como violento, aunque no lo sea.
De esta forma, el hombre, detenido ante sus vecinos, estigmatizado ante la sociedad como violento y maltratador de mujeres, ante sus propios hijos y ante el mundo, no tendrá nada que hacer en un proceso de divorcio. No olvidemos que toda esta parafernalia, incluye a fiscales especiales, en su mayoría mujeres, o incluso jueces que su brújula moral no es tan equidistante como lo debiera de ser un cargo que se supone debe de impartir justicia.
Ni que decir tiene, que esta ley no contempla la presunción de inocencia, ni tampoco la igualdad ante la justicia, pero tampoco el principio sagrado del amparo y la tutela efectiva de los jueces hacia los ciudadanos, pues desde la aprobación de esta infame ley, los españoles NO SOMOS IGUALES ante la condena por la comisión de un mismo delito.
Es más, en muchos casos donde la mujer ha pasado por el tamiz de todo ese ejército de asociaciones al servicio de una hipotética víctima, mujer, sea cual sea las vicisitudes personales de la separación, esta utilizará todas estas circunstancias de la VioGen para salir airosa ante el divorcio que se avecina y que le interpondrá a su pareja.
Las denuncias falsas
Nadie tiene en cuenta las presuntas denuncias falsas en declaraciones ante la policía, incluso, se dan la circunstancia que muchos policías que toman declaración a mujeres, se encuentran con verdaderas contradicciones en los hechos, exageraciones o directamente incongruencias difíciles de contemplar o asimilar. Solo en los casos más claros, donde oír determinadas denuncias, enerva el descaro de muchas de esas denuncias, que más bien salen de una planificación predeterminada, la policía inicia acciones por denuncia falsa ante la autoridad.
Se empieza por una ley ilegal donde se discrimina al hombre, LIVG, anulas al parlamento decretando un estado de alarma sine die e ilegal que el TC ni sabe ni quiere saber, ni entender, se continúa con otra ley ilegal de memoria histórica, una auténtica barbaridad jurídica, también del todo punto inconstitucional, anulas y amedrantas a la prensa libre, se sigue por apoderarse del control de los jueces, anulas con otra ley al C.G.P.J.
El mes pasado el Gobierno de PSOE y Podemos conseguía maniatar al Consejo General del Poder Judicial.
Desde esa fecha, ya no puede realizar nombramientos estando en funciones, para que sea el gobierno quien los nombre. Nombras a la F. G. E. hasta ese momento ministra de justicia, del PSOE, controlas a la Abogacía del Estado, se aprueba otra ley sobre los alquileres de viviendas, o “legalizas” por la puerta de atrás las ocupaciones de viviendas, donde te cargas uno de los derechos que la sociedad española más respeta, la propiedad privada, derecho fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestra democracia y régimen Constitucional y uno de los más importantes, junto con el de ser iguales ante la ley y habrás convertido a España en un régimen totalitario, un régimen comunista bolivariano donde la libertad murió con la primera ley ilegal e inconstitucional, la LIVG.
Las denuncias falsas, el ministerio fiscal tiene que incosr de oficio todas las denuncias falsar, pero solo lo hace con las denuncias falsas, que de no investigarlas, serían un delito, como esa denuncia que puso una «señora» contra su ex: – Mi espareja me ha cogido del cuello y me amenazo de muerte, ahora mismo fue.
Su ex, llevaba un año fallecido.