La hostelería española está pasando por momentos críticos. En una situación que obliga a seguir unas normas muy estrictas, el tamaño de los locales y por lo tanto, el porcentaje de clientes que según el aforo establecido pueden ser atendidos, podría significar la diferencia entre la quiebra o mantener a flote el negocio.
Los hosteleros de la calle Sagasta pidieron el 16 de septiembre de 2020, que se les permitiera instalar terrazas en el periodo de tiempo en que la vía es «de uso exclusivamente peatonal».
Concretamente siete bares de la calle Sagasta se han visto afectados
Sin embargo, la Administración rechazó la petición afirmando que «según la documentación aportada y el informe de la Jefatura de Inspección de Servicios de Policía Local, no procede acceder a lo solicitado».
ALEGACIONES
Como respuesta, la hostelería ha presentado un nuevo escrito, al que ha tenido acceso Nuestra España, en el que vuelven a incidir en su petición y piden la anulación de la comunicación de la Administración, alegando lo siguiente:
En primer lugar, la Administración no ha obrado presuntamente siguiendo el procedimiento marcado por la ley. No han informado de si la respuesta pone fin a la vía administrativa, no han aclarado su naturaleza, ni qué recurso procede o ante qué órgano debe interponerse, ni plazos, etc. de manera que les han dejado en un estado de «indefensión» por no tener la información necesaria para saber qué está en su derecho hacer.
En segundo lugar, utiliza como argumento para denegar la petición, un informe de la Jefatura de Inspección de Servicios de la Policía Local. Pero no lo han incluido, así que además de estar presuntamente infringiendo los mínimos legales que la ley exige, les han dejado de nuevo en estado de indefensión incapaces de reaccionar.
En tercer lugar, al carecer de referencia alguna al contenido del informe dentro de la comunicación en que se apoya la denegación de la solicitud, «impide objetivamente cuestionar las razones que desde la Administración municipal se esgrimen».
Finalizan exponiendo la necesidad imperativa de conseguir su petición, en el marco del compromiso con las medidas sanitarias, atendiendo a la grave crisis económica que la hostelería está sufriendo por culpa de la pandemia que azota el país.
En consecuencia, solicitan que «se deje sin efecto la comunicación de fecha 16 de marzo de 2021 por incurrir en vicio de anulabilidad según artículo 48 de la Ley 39/2015 y se dicte otra por la que se acceda a la petición cursada.