La Generalitat se está aprovechando del impasse legal que impide la ejecución de la sentencia del 25% de castellano hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie para perpetuar el sistema de inmersión lingüística en las escuelas de Cataluña y expulsar el castellano del uso habitual en cualquier punto de los centros.
Así lo ratifica una directriz remitida por el Departamento de Educación a los colegios el pasado 19 de julio, en la que, amparándose en el decreto elaborado por el Govern para evitar la aplicación del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), certifica el arrinconamiento del castellano en los centros educativos.
En el documento, titulado Documents per a l’organització i gestió dels centres. Curs 2022-2023, se advierte a las direcciones de que el catalán «no es únicamente una lengua objeto de aprendizaje», sino «la lengua de la institución y, por tanto, la de uso habitual en todos los espacios del centro, en la relación con la comunidad educativa y con todos los estamentos sociales en general».
A continuación, el Departamento de Educación detalla una serie de actuaciones obligatorias y encaminadas a favorecer la hegemonía del catalán en las aulas y el resto de espacios de las escuelas. Medidas tales como que se lleven a cabo en catalán «las actividades internas de los centros, tanto orales como escritas (reuniones, actas, informes…), las exposiciones de los profesores, las actividades de aprendizaje y evaluación, la interacción entre docentes y alumnos, las actividades de formación del profesorado, las actividades extraescolares o el comedor».
Además, se incide en que «los equipos docentes sean conscientes del uso profesional que hacen de la lengua [catalana] y del hecho que son modelo lingüístico de referencia para el alumnado» o que «la rotulación de los espacios del centro sea en lengua catalana».
El Govern obliga a los colegios, asimismo, a designar un «coordinador lingüístico» para «velar por el uso institucional del catalán» en las escuelas «de acuerdo con el modelo lingüístico del sistema educativo de Cataluña», esto es con la inmersión.
Moncloa y el Govern acuerdan a su vez avanzar en desjudicialización y el Ejecutivo apoya la ley que elimina el 25% del castellano.
Bolaños ha dicho que se garantizará que todos los alumnos tengan pleno conocimiento del catalán y del castellano, aunque no ha especificado demasiado cómo.
El castellano, una lengua extranjera más
Al referirse a «las líneas estratégicas» del proyecto educativo de los centros, la Generalitat subraya la necesidad de «consolidar un modelo lingüístico de país, potenciando la lengua catalana como vehicular». En todo el documento no se realiza ninguna mención a la vehicularidad del castellano, al que se le otorga la indefinida condición de «curricular», contraviniendo lo establecido por la sentencia del TSJC, que pide equiparar catalán y castellano en este aspecto y obliga a impartir un 25% de materias troncales en español en todas las escuelas de Cataluña.
«Las instrucciones del Departamento de Educación para el próximo inicio del curso escolar tienen un tufo asimilacionista y nacionalista. Vulneran los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes que tienen derecho a una educación bilingüe», denuncia José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano.
A lo largo de las 86 páginas del documento de la Generalidad sólo se hace referencia al castellano en siete ocasiones. En una de ellas se garantiza «la atención individualizada» de un alumno «de la primera enseñanza» si la familia lo solicita. Está incluido dentro del apartado de «apoyos lingüísticos complementarios», donde, básicamente, se adoptan medidas de soporte a los «alumnos de procedencia extranjera».
Se eliminará el mínimo del 25%
La Generalitat también está utilizando el paréntesis en el que se encuentra el litigio del 25% para negar esta cuota de castellano a los padres que la están reclamando a título individual para sus hijos, siguiendo el ejemplo de familias como la de Canet.
Subraya la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, que el TSJC no puede conceder las medidas cautelares a los solicitantes porque la nueva normativa en vigor impide la aplicación de porcentajes. La pretensión del Govern, no obstante, no es sólo frenar nuevas solicitudes individuales del 25%, sino desposeer de ese 25% de castellano a las familias a las que le había sido concedido judicialmente.
El propio consejero Cambray ha confirmado su pretensión de retirarlo en las 47 aulas donde se aplicaba antes del fallo que busca universalizar ese porcentaje en todos los colegios de la comunidad.