La Fiscalía de Perú abre una investigación preliminar contra Pedro Castillo por presunto tráfico de influencias, colusión y patrocinio ilegal

Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación de Perú, ha abierto una investigación preliminar este martes contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, por presunto tráfico de influencias, colusión y patrocinio ilegal.

No obstante, quedará suspendida por la inmunidad que disfruta como presidente

Así pues, estas diligencias no podrán comenzar -tal y como ha explicado la misma Fiscalía- hasta que no acabe el mandato de Castillo. Además han destacado que es la segunda vez en la historia del Ministerio Público que se abre una investigación preliminar a un presidente durante el ejercicio de sus funciones.

La primera vez que ocurrió fue en octubre de 2020 de 2020 contra el en esos momentos presidente Martín Vizcarra (2008-2020) por presunta corrupción, lo que derivó en una denuncia constitucional cuando fue destituido por el Congreso.

En este caso, Castillo ha sido imputado por haber influido -presuntamente- en las licitaciones para la construcción de un puente y para la adquisición de combustible para la petrolera estatal Petroperú y por haber presionado para que ascendieran irregularmente a militares de su círculo cercano.

La semana pasada la Fiscalía interrogó durante más de cinco horas a Castillo en el Palacio de Gobierno de Lima y ha sido este martes cuando Ávalos -única autoridad autorizada a investigar al presidente- ha notificado la apertura de la investigación al abogado de Castillo.

PRESUNTOS DELITOS

Castillo mantuvo supuestamente reuniones con la empresaria Karelim López con el objetivo de que en calidad de presidente intercediera a favor del consorcio Puente Tarata III, que se adjudicó la construcción de un puente en la selva central.

Se reunió también con el empresario Samir Abudayeh y el presidente de Petro Perú, Hugo Chávez, días antes de que la compañía de Abudayeh ganase un contrato para vender 280.000 barriles de biodiésel a la empresa estatal por 74 millones de dólares.

Esto ocurrió a la vez que José Vizcarra y Jorge Chaparra, ex comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea respectivamente, denunciaron haber sido destituidos por Castillo por negarse a ascender irregularmente a militares allegados al presidente, como se les exigía.

Daniel Soria, procurador general, ya había denunciado por estos casos a Castillo ante la Fiscalía. Concretamente por los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

Uno de esos presuntos encuentros se produjo fuera del Palacio de Gobierno de Lima y sin registro oficial. Esto fue demostrado gracias al reportaje periodístico del programa dominical Cuarto Poder, que captó a López y a Castillo entrando de forma separada en un mismo inmueble en el distrito limeño de Breña,

Tan sólo días después de este supuesto encuentro, el consorcio Puente Tarata III que representaba López ganó la licitación con un contrato de 232,5 millones de soles, unos 57,6 millones de dólares gracias a una oferta de 27 céntimos de sol -0,06 dólares) más baja que la siguiente mejor calificada.

Soria señaló en su denuncia que hay sospechas de que el presidente «también se encontraría inmerso en la conducta de tráfico de influencias»

En este último caso está siendo investigado Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio de Gobierno, a quien la Fiscalía incautó 20.000 dólares escondidos en su oficina, por las presuntas presiones ejercidas a los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea.

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