La Fiscalía atribuye a Mónica Oltra y a su Consejería un «plan preestablecido para desacreditar a la víctima» y los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber

La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana sostiene que Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalidad, y su equipo de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, pudieron haber cometido los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos en la gestión del caso de abuso sexual a una menor tutelada por el ex marido de Oltra, Luis Ramírez Icardi.

El escrito de 69 páginas ha sido remitido a la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia que deberá decidir si imputa a Oltra o no

Cabe recordar que Oltra está aforada por ser diputada autonómica y que su ex marido en estos momentos está esperando recurso en el Tribunal Supremo tras haber sido condenado a cinco años de prisión.

Según recoge Efe, Oltra aseguró el jueves que no tenía el escrito aún y se negó a hacer «disquisiciones sobre una nota de prensa»

UN PLAN PARA DESACREDITAR A LA VÍCTIMA Y TESTIMONIOS IMPOSIBLES

La Fiscalía ha afirmado que Oltra realizó en dos fases un:

«Plan preestablecido para desacreditar a la víctima y desvirtuar su testimonio, negando su credibilidad».

La primera fase supuso la ocultación de «los hechos por parte de organismos» de la Consejería de Igualdad, y la segunda la elaboración de «un proceso de descalificación de la credibilidad de la menor», realizando «una investigación superficial» en la que se percibe «indiciariamente una línea de ocultamiento de los hechos».

El escrito continúa explicando que:

«El beneficiario directo era Luis Eduardo, ex marido de Oltra, superior jerárquica de los funcionarios intervinientes y beneficiaria también, de esa manera de proceder, en cuanto le beneficiaba a su marido ocultando los abusos y a ella en cuanto era un medio idóneo para eludir las posibles responsabilidades políticas y/o penales».

Teresa Gisbert, la fiscal, ha argumentado además que:

«Es imposible que funcionarios de tan diversa naturaleza y categoría, desde técnicos en menores a psicólogos, jefes de servicio y directores de centro y territoriales mantuvieran unánimemente la misma versión de los hechos, lo que constituye un fuerte indicio del sentido de dicha orden verbal que evidencia su carácter de arbitraria e injusta, carente de toda justificación y apoyo en Derecho».

Después continua afirmando que:

«Visto el desarrollo y contenido del expediente, a nivel indiciario, más bien parece que se incoó con objeto de liberar de responsabilidades» -a la Generalidad Valenciana y a todos los que intervenían en la tutela de la menor-.

Finalmente concluye que:

«Curiosamente, el expediente se concluyó considerando la Instructora que el testimonio de la adolescente no era creíble».

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.