La Fiscalía archiva las investigaciones abiertas a Juan Carlos I

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado las investigaciones abiertas al rey emérito Juan Carlos I.

Estaba siendo investigado en la Fiscalía del Supremo por tres casos:

  • Presunto cobro de comisiones ilegales por la concesión de la construcción del AVE a la Meca a empresas españolas.
  • Supuesto uso por parte propia y de otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares.
  • Presunta existencia de una cuenta con 10 millones de euros a su nombre en el paraíso fiscal de la isla de Jersey.

Tras estallar la causa, el rey emérito realizó hasta dos regularizaciones fiscales:

  • La primera, en diciembre de 2020 por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
  • La segunda del 25 de febrero de 2021 por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.

Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción, ha firmado los escritos acordando el archivo de las investigaciones abiertas, comenzadas en junio de 2020.

CASO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AVE A LA MECA

En este caso, la Fiscalía recuerda que:

«El objeto de investigación de este procedimiento era un posible delito de corrupción en los negocios, derivado de la forma en la que se produjo la adjudicación, en octubre de 2011, de las obras de la Fase II de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad que une las ciudades de Medina y La Meca (Arabia Saudí) al consorcio Al-Shoula, formado por doce empresas españolas y dos saudíes, y su posible relación con el ingreso de 64.884.405 euros (100 millones de dólares), ordenado el 8 de agosto de 2008 por el entonces Rey de Arabia Saudí en la cuenta de la Fundación LUCUM de la que S.M. D. Juan Carlos de Borbón sería su titular real».

Y añade:

«En relación con los fondos recibidos en 2008 por la fundación panameña LUCUM en una cuenta del banco Mirabeaud de Ginebra, cuyo titular real fue S.M. D. Juan Carlos de Borbón, se han identificado cuotas defraudadas a la Hacienda Pública en el IRPF de los ejercicios 2008 a 2012 que superan con creces el importe de 120.000 euros que el artículo 305 del Código Penal establece como umbral del delito», .

Concluye al respecto que:

«La posible responsabilidad penal de los ejercicios 2008 a 2011 estaría extinguida por la prescripción del delito.»

Pero, señala que:

«No así la correspondiente al ejercicio de 2012 que, no obstante, tampoco sería susceptible de reproche penal toda vez que en aquella fecha y hasta el 19 de junio de 2014 S.M. D. Juan Carlos de Borbón estaba protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado, tal y como se analiza detalladamente en el Decreto de archivo, conforme a la interpretación que del alcance de la inviolabilidad viene haciendo desde el pasado la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Sala Segunda del Alto Tribunal».

Finalmente, declara que:

«La investigación no ha podido establecer, siquiera de modo indiciario, vinculación alguna entre el referido ingreso de 64.884.405 euros y la adjudicación del proyecto de construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad en Arabia Saudí ni, por lo tanto, que dicha cantidad guarde relación con el pago de comisión alguna. Se trataría, pues, de un regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de Jefe del Estado que S.M. D. Juan Carlos de Borbón desempeñaba en 2008 y, por tanto, susceptible de integrar el delito de cohecho del artículo 422 del Código Penal. Sin embargo, este posible delito estaría claramente prescrito».

EL CASO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO OPACAS

Este caso fue abierto a raíz de la recepción de un informe de inteligencia financiera emitido por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) en el que se mostraban unas transferencias ordenadas entre 2017 y 2018 por el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés Krause, residente en el Reino Unido, en favor de una cuenta cuyo titular era Nicolás Murga Mendoza, coronel del Ejército español y en el pasado ayudante del Rey Emérito.

Buena parte de las cantidades recibidas fueron destinadas a satisfacer gastos de familiares de D. Juan Carlos de Borbón o personas vinculadas.

La Fiscalía indica que:

«No existe constancia de contraprestación alguna por las transferencias efectuadas entre los años 2016 y 2019 por Allen de Jesús Sanginés Krause a Murga Mendoza y de las que ha sido beneficiario directo o indirecto S.M. D. Juan Carlos de Borbón. El importe total de estas transferencias asciende a 516.606,32 euros. Estas transferencias constituyen donaciones sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones regulado por la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones».

Y señala que:

«No se ha podido determinar con precisión la procedencia y la cuantía de los fondos consignados en las cuentas de la Fundación ZAGATKA ni los gastos y pagos efectuados por dicha fundación en su totalidad. Sin embargo, la información bancaria recibida a través de la Fiscalía del Cantón de Ginebra en mayo, julio y diciembre de 2021, así como el contenido de las declaraciones tributarias presentadas por la representación de S.M. D. Juan Carlos de Borbón los días 2 y 3 de febrero de 2021, permiten establecer que entre los años 2014 y 2018 la Fundación ZAGATKA, mediante trasferencias bancarias desde sus posiciones financieras en entidades suizas, abonó cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento originados por S.M. D. Juan Carlos de Borbón, sus familiares y allegados».

Concluye que:

«La actuación de la Fiscalía la que ha permitido recuperar 5.095.148 euros para las arcas públicas, cuantía correspondiente a las cuotas tributarias adeudadas por S.M. D. Juan Carlos de Borbón a la Hacienda Pública, incluyendo los oportunos recargos e intereses de demora».

EL CASO DE LA CUENTA EN EL PARAÍSO FISCAL DE LA ISLA DE JERSEY

Esta investigación pretendía analizar la información aportada por el SEPBLAC, en cuyo informe se revelaba la existencia de un trust con el nombre de The JRM 2004 Trust, constituido en 2004 por Joaquín Romero Maura con activos de entidades financieras de Jersey y Guernsey sin identificar.

En el informe se indicaba que existían indicios de que el propietario último de los fondos del trust podría ser el rey emérito.

En este caso, la Fiscalía ha sentenciado que:

«Entre 2004 y 2021 no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con S.M. D. Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos; en ningún momento ha tenido la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas. En todo caso, a partir del 19 de junio de 2014, fecha en la que se hizo efectiva la abdicación de S.M. el Rey Don Juan Carlos I y quedó sin efecto la inviolabilidad e irresponsabilidad que para el Rey de España establece el artículo 56.3 de la Constitución española, las disposiciones del JRM 2004 Trust lo han sido en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna».

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