La Fiscalía apoya el indulto parcial a la secuestradora ex asesora de Podemos y presidenta de Infancia Libre mientras reconoce que no se arrepiente

La Fiscalía Provincial de Madrid ha apoyado el indulto parcial de María Sevilla, presidenta de Infancia Libre y ex asesora de Podemos condenada a dos años y cuatro meses de prisión por la Audiencia Provincial por un delito de sustracción de menores que cometió al secuestrar a su hijo, a pesar de la propia Fiscalía reconoce que no se arrepiente en su escrito.

Este escrito ha sido remitido al Juzgado de lo Penal número 2 de Ejecutorias y apoya dicho indulto alegando, a fin de conseguir rebajar la pena y fijarla «exclusivamente en dos años de prisión», que es el primer delito por el que Sevilla ha sido condenada y que:

«Ha mostrado asumir sus responsabilidades abonando la cantidad fijada como responsabilidad civil en favor del perjudicado, e ingresando voluntariamente en centro de cumplimiento, encontrándose así a disposición judicial, y para no perjudicar las relaciones materno-filiales con su hija».

Todo esto mientras señala que la secuestradora no se arrepiente, esto es, que por su parte no hay un arrepentimiento:

«En el sentido de reconocimiento expreso y claro».

En lo que a los hechos condenados se refiere ni a los daños ocasionados tanto al menor y como al padre de éste:

«Al privarles de la posibilidad de relacionarse durante un prolongado periodo de tiempo».

Sí señala que se aprecia un acatamiento de la legalidad y asegura que ha asumido responsabilidades algo que según la Fiscalía:

«Se evidencia al haber satisfecho las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia e ingresado voluntariamente en centro de cumplimiento».

SE OPONE AL INDULTO TOTAL

La Fiscalía se opone al indulto total de Sevilla por:

«Su contumacia en impedir la relación entre padre e hijo, y en desoír las resoluciones judiciales dictadas que la obligaban a facilitar y reestablecer dicha relación, resulta merecedora de sanción».

Ha añadido además que las penas impuestas son las legalmente previstas para estos casos

«Y han sido motivadas y justificadas en su duración por las autoridades judiciales, sin que se aprecie desproporción entre los hechos penados y las consecuencias punitivas fijadas».

Aún así señala que:

«La estricta observancia de la pena privativa de libertad impuesta podría conllevar una grave consecuencia en las relaciones materno-filiales respecto de la otra hija de la penada, que pudiera incidir negativamente en su desarrollo afectivo emocional».

Refiriéndose a la pena de privación de la patria potestad por cuatro años han asegurado que:

«Es la mínima aplicable al presente caso».

Y la considerada adecuada:

«En tanto que cuando concluya el cumplimiento de la misma el menor ya será mayor de edad».

EL INDULTO TOTAL NO ES JUSTIFICABLE

Finalmente indica la Fiscalía que no concurren razones de equidad o utilidad pública que puedan justificar un indulto total ni por motivos de prevención especial:

«En tanto el cumplimiento de la pena pretende la restauración de la paz social conmocionada por la comisión de un delito, finalidad perseguida por cualquier sistema penal democrático».

Ni por motivos de prevención general:

«Evitando una sensación pública de impunidad que aliente la comisión de nuevos delitos».

Y concluye afirmando que:

«Máxime, cuando a raíz de estos hechos y otros similares, parece que en la sociedad civil se están alentando campañas como la llamada «Yo también lo haría», de la que se hace eco la prensa, y que parecen fomentar actuaciones similares».

Así, argumenta que está a favor de un indulto parcial:

«Con mantenimiento del resto de disposiciones de la sentencia firme en su día dictada».

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