El 7 de mayo, la Fiscalía General del Estado recibió una denuncia por «omisión del deber de perseguir» los posibles delitos cometidos en el caso Acuamed.
Este caso es un escándalo de presunta financiación ilegal del PSOE de más de 21 millones de euros centrado en las elecciones generales del año 2008 y está ahora en manos de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía de Madrid ha iniciado los trámites e incoado diligencias de investigación por el caso.
La denuncia se dirige contra la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Abogacía del Estado, concretamente contra los -en esos momentos- fiscal, Inmaculada Violán y jefe de la Abogacía del Estado, Edmundo Bal.