La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación sobre el contrato sanitario vinculado al hermano de la presidente de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso.
No obstante, sostienen que no se aprecian «indicios delictivos» contra la presidente de Madrid
Cabe recordar que Isabel Díaz Ayuso aclaró el viernes que su hermano cobró la cantidad de 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive por las gestiones realizadas para conseguir material sanitario de China y su posterior traslado a Madrid y no por un contrato con la Administración regional.
Asimismo, entregó ayer lunes toda la información pertinente a Anticorrupción
DENUNCIAS
Anticorrupción ha estado estudiando hasta hoy martes, las tres denuncias presentadas el viernes de la semana pasada por PSOE, Podemos y Más Madrid, en las que solicitaban que se investigara el contrato de emergencia vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso.
En sus respectivos escritos, los diferentes partidos exponían las siguientes acusaciones:
- Podemos insiste en que Tomás Díaz Ayuso medió con el Gobierno de su hermana y consiguió la «comisión» por ello.
- PSOE considera que en plena pandemia pudo haberse cometido «tráfico de influencias» y «malversación de caudales públicos».
- Más Madrid señala que podría haber «cohecho» y «tráfico de influencias».
RESPUESTA DE ANTICORRUPCIÓN
Anticorrupción ha respondido a través del decreto de incoación firmado por el fiscal jefe, Alejandro Luzón, indicando que:
«Las tres denuncias se limitan a solicitar de la Fiscalía Especial la incoación de Diligencias de Investigación conducentes al esclarecimiento de los hechos en ellas relatados, en las que, si bien no se terminan de formular imputaciones concretas, sí se expresan claras reservas sobre la legalidad de la adjudicación y del papel que en ella habría desempeñado el hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid».
Añade sin embargo que:
«No obstante esta falta de concreción, sí resulta procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados. Y ello, en primer lugar, por la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución, conforme a sus arts. 103 y 106; en segundo lugar, por la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias, que se refieren a la, sin duda, necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña».
Han destacado que:
«Las denuncias presentadas por las representaciones de los Grupos Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos de la Asamblea de Madrid se limitan a solicitar la investigación de los hechos que en ellas se relatan. Por lo que se refiere a la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dña. Isabel Díaz Ayuso, autoridad aforada ante el Tribunal Supremo, los denunciantes proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios».
Y concluyen:
«Estas hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues no constituyen «indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada», en el sentido que exige la Consulta 1/2005 de la Fiscalía General del Estado, sobre competencias de las Fiscalías para tramitar Diligencias de Investigación que afecten a personas aforadas».