La fiscal general europea acusa a Delgado de desafiar a la UE al negarse a entregar la investigación sobre el contrato del hermano de Ayuso

La fiscal general europea, Laura Codruţa Kövesi, ha acusado a Dolores Delgado, fiscal general del Estado, de desafiar a la UE al negarse a entregar las diligencias de la investigación en el caso del contrato del hermano de la presidenta popular madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El lunes, Delgado se negó a entregar la investigación a la representante de la Fiscalía Europea, quien fuera la fiscal del caso Gürtel, Concepción Sabadell

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, también rechazó hacerlo por considerar que el órgano europeo carece de competencia por un lado, y por otro, que no había indicios de delito de malversación de fondos europeos en la adjudicación del contrato relacionado con el hermano de Ayuso.

Cabe recordar que aunque no se envíen las diligencias, la Fiscalía Europea podrá abrir igualmente una investigación en paralelo

La Fiscalía Europea afirma en un comunicado que:

«Ha tomado nota de la decisión de 28 de marzo de 2022 de la Fiscalía General del Estado de dividir la competencia sobre los mismos hechos entre la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea considera que esta decisión no se ajusta a la legislación de la UE y continuará su investigación».

Y añade:

«En esta ocasión la Fiscal General Europea quiere expresar su preocupación por el procedimiento que condujo a la decisión de la Fiscalía General del Estado. En concreto, la decisión sobre un conflicto de competencias entre un organismo nacional y un organismo europeo ha sido tomada por el Fiscal General del Estado, que es el superior jerárquico del organismo nacional y, por tanto, parcial en el procedimiento en curso. Además, la decisión se ha tomado sin escuchar a ambas partes en el conflicto de competencia durante la reunión de los Fiscales de Sala».

Finalmente concluye:

«Finalmente, la ley española que regula este procedimiento, que se refiere a la interpretación y aplicación del derecho de la Unión, no prevé recurso alguno. Esto impide que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ejerza su mandato exclusivo de garantizar la correcta interpretación del derecho de la UE y, por lo tanto, constituye un desafío a la supremacía del derecho de la UE».

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