La delegada del Gobierno en La Rioja se compromete a trasladar al Gobierno de España las reivindicaciones agrarias

La delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán, se ha reunido con representantes de las organizaciones convocantes de la manifestación del sector primario este miércoles en Logroño

La delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán, y el director del Área de Agricultura de la Delegación, Emilio Lázaro, se han reunido este miércoles con representantes de los sindicatos convocantes de la manifestación de agricultores y ganaderos en Logroño, quienes han cosechado un gran éxito de movilización.

Marrodán ha afirmado que las reivindicaciones se trasladarán «oportunamente» al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

En relación con el seguro agrario, la delegada ha detallado a los representantes agrarios que Agroseguro abonó durante 2021 aproximadamente 22 millones de euros de indemnizaciones, sin incluir los daños causados en los cultivos durante las última crecidas del Ebro. En la actualidad, Agroseguro está procediendo a la tasación de las 226,7 hectáreas indemnizables de cultivos en La Rioja que sufrieron daños con las inundaciones más recientes.

La delegada ha señalado que el Gobierno de España «es consciente de la situación» y, por ello, han manifestado la «voluntad firme» para la aplicación efectiva de la nueva Ley de la cadena alimentaria.

Algunas supuestas iniciativas del Ministerio de Agricultura han sido detalladas. En la página web del ministerio puede consultarse el procedimiento del proyecto de real decreto que va a regular la creación del registro de contratos alimentarios. El objetivo es que el registro esté plenamente operativo el 1 de enero de 2023, como establece la nueva ley.

-El operador que compre a los productores primarios o a sus asociaciones deberá registrar cada contrato y sus posibles modificaciones en este registro.

-Se aumenta también el catálogo de prácticas comerciales desleales y se incluyen nuevas infracciones, endureciendo alguna de las ya previstas.

-Se refuerza el papel de la AICA como la autoridad de control a nivel nacional, que se coordinará con las autoridades de control autonómicas y con las del resto de Estados miembros, además de ser el punto de contacto con la Comisión Europea.

Además, la ley protegerá a los productores españoles en sus relaciones comerciales con operadores nacionales, comunitarios y de países de fuera de la UE, ha apuntado Marrodán.

Marrodán ha indicado que «el Observatorio de la Cadena Alimentaria seguirá trabajando para mejorar la transparencia y la eficiencia de la cadena alimentaria y ampliará sus funciones, como la elaboración y publicación de índices de precios y de costes de producción».

Asimismo, el ministerio publicará, antes de diciembre de 2022, los criterios sobre los diferentes factores que intervienen en la determinación del coste de producción de los productos agrarios.

Política comunitaria

En la reunión con los sindicatos agrarios, Marrodán ha concretado que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha trasladado esta semana pasada en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea el apoyo de España a la Comisión Europea para impulsar la aplicación de las denominadas “cláusulas espejo” en las negociaciones comerciales con terceros países, con el objeto de que se exijan a los productos importados los mismos estándares de calidad y seguridad alimentaria que a los producidos en Europa.

Esta reciprocidad «es una prioridad política para el Gobierno de España y responde, además, a una demanda de los agricultores y ganaderos».

En el Consejo de Ministros de la UE se abordó de nuevo la situación del incremento de precios de los costes de producción de los productos agrícolas y ganaderos, como la energía, los fertilizantes y la alimentación animal y que afecta al conjunto de países de la Unión.

Se trata de una situación muy preocupante que se prolonga ya en el tiempo y pone en riesgo la rentabilidad de las explotaciones.

El plan estratégico español para la agricultura tiene como objetivos principales mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas; favorecer el necesario relevo generacional y la incorporación de la mujer; procurar una producción de alimentos más sostenible que consuma menos recursos naturales y preserve la biodiversidad; e impulsar la innovación y la digitalización de la actividad agraria

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