La Audiencia Nacional imputará a Iglesias por un presunto delito de daños informáticos penado con hasta 3 años de cárcel

La Audiencia Nacional imputará a Pablo Iglesias -ahora que ha perdido su condición de aforado- como consecuencia del caso Dina, en el que se está investigando su responsabilidad en la destrucción de la tarjeta sim del móvil de Dina Bousselham.

El magistrado Manuel García-Castellón solicitó a la Fiscalía Anticorrupción el mes pasado un informe a fin de que se pronunciase sobre la petición de Prolege, personada como acusación popular en la causa.

La Asociación de Juristas Europeos Prolege, pidió la imputación de Iglesias en el caso Dina. Esto hasta ahora no ha sido posible, puesto que disfrutaba de aforamiento ante el Tribunal Supremo.

Sin embargo, ya no goza de este privilegio, tras abandonar su escaño en el Congreso de los Diputados y anunciar que tampoco va a recoger su acta como miembro de la Asamblea de Madrid.

EL CASO

El juez elevó en octubre de 2020 una exposición razonada ante el Tribunal Supremo que mostraba indicios delictivos presuntamente cometidos por Iglesias. Delito de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa o simulación de delito.

 Manuel García-Castellón declaró que Iglesias recibió la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Dina Bousselham el 20 de enero de 2016, de manos de Antonio Asensio, dueño de la extinta Interviú. Entonces pudo comprobar que la tarjeta guardaba contenido íntimo y archivos personales de Bousselham:

«Pese a ello se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015″

Cabe recordar que había sido su asesora en el Parlamento Europeo.

También recalcó que Iglesias devolvió la tarjeta inoperativa a Dina en un momento del tiempo que no ha podido ser determinado, pero que ocurrió antes del 23 de agosto de 2017. Lo que se ha podido establecer es que «cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento».

PENA DE HASTA TRES AÑOS DE CÁRCEL

Por esto, se le atribuye presuntamente la autoría de un delito de daños informáticos (art.2 264 Código Penal) y descubrimiento y revelación de secretos (art. 197.1 y 2 Código Penal).

Este último delito depende del perdón de la afectada, que se ha pronunciado a favor de Iglesias, solicitando al instructor que anulase la causa.

Sin embargo la abogada de Bousselham incurrió en un conflicto de intereses al ser además trabajadora de Podemos que ejercía anteriormente como representación legal del partido. Iglesias cambió de abogado para resolver el conflicto, aunque Bousselham no lo hizo.

El delito de daños informáticos está castigado con penas de prisión de 6 meses a 3 años:

«El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajeno».

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