La Audiencia Nacional admite la querella de Dignidad y Justicia contra 9 ex jefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, ha admitido la querella de la asociación Dignidad y Justicia contra nueve ex jefes de ETA por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP de la localidad guipuzcoana de Ermua, crimen cometido entre el 10 y el 12 de julio de 1997.

Es el mismo magistrado que fue el instructor de la causa hace 25 años.

En un auto, ha acordado su reapertura para investigar si los miembros del comité ejecutivo de ETA (ZUBA) dieron la orden de asesinar Miguel Ángel Blanco o si son responsables por omisión en caso de que hubieran podido impedir dicho asesinato durante las 48 horas que estuvo secuestrado.

Los nueve sujetos son:

  • Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias «Iñaki de Rentería» («Aparato Militar»)
  • José Javier Arizcuren Ruiz, «Kantauri» («Aparato Militar»)
  • María Soledad Iparraguirre Guenechea, alias «Marisol» y también«Anboto» («Aparato Militar-Legales»)
  • Asier Oyarzabal Chapartegui, alias «Baltza» («Aparato Militar-Legales»)
  • Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias «Gadafi» («Aparato Logístico»)
  • Mikel Albisu Iriarte, alias «Mikel Antza» («Aparato Político»)
  • Vicente Goicoechea Barandiaran, alias «Willy» («Aparato Político»)
  • Jokin Echevarría Lagisquet («Aparato Internacional»)
  • Carlos Ibarguren Aguirre «Nervios» («Aparato Tesorería»).

INFORME PERICIAL

El magistrado ha acordado requerir un informe pericial de inteligencia a la Guardia Civil en que se plasmen todos los elementos documentales sobre el grado y la participación de los querellados en la época objeto de la investigación.

El informe deberá detallar si es factible que el comité y sus integrantes pudieron participar en la toma de la decisión o pudieron haber impedido el asesinato

Además tendrá que incluir otros elementos documentales relacionados con otros actos terroristas contemporáneos al secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a fin de estudiar el modus operandi de ETA y su comité ejecutivo.

Habrá que determinar la posible responsabilidad penal que pudiera corresponder a cada uno de los querellados

POSIBLE COMISIÓN POR OMISIÓN

El magistrado ha explicado que la posible comisión por omisión resultaría muy clara en este caso:

«Pues quienes ejercían el liderazgo de la organización terrorista, el llamado Comité Ejecutivo, dispusieron de, al menos, cuarenta y ocho horas para detener la acción, pudiendo disponer en todo este tiempo, presuntamente, un dominio directo del hecho, en el marco de la organización, que permite, desde este momento procesal, iniciar una investigación para delimitar el alcance de sus responsabilidades».

Así pues, el juez señala que no solo hay que concretar toda prueba o documento en la que aparezcan indicios de que los sujetos -que si bien no habrían participado en el secuestro y asesinato, hubieran dado instrucciones para su ejecución-, también habría que determinar si habiendo podido evitarlo y conociendo lo que iba a ocurrir, no lo hicieron.

Por el momento el auto acuerda dar traslado a la querella a los querellados, pero por el momento no serán citados como investigados ni se adoptarán medidas frente a ellos, hasta que se conozca el resultado de la diligencia acordada.

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