La Asociación de Fiscales se rebela contra la Ley de Memoria Democrática abanderada por Delgado

La Asociación de Fiscales se ha rebelado contra la Ley de Memoria Democrática.

Este jueves el Consejo Fiscal ha conseguido aprobar por escaso margen un informe favorable al Anteproyecto de esta ley con el apoyo del bloque progresista (Unión Progresista de Fiscales y el jefe de la Inspección Fiscal, que es miembro nato) y gracias al voto determinante de Dolores Delgado, la fiscal general de Estado colocada por el PSOE.

La Asociación de Fiscales ha presentado un documento que pone en entredicho la norma impulsada por Carmen Calvo, vicepresidente primera del Gobierno. Entre otras razones, porque la ley no define la labor que reserva a los fiscales en el ámbito en que se aplica.

CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO DE LEY

El anteproyecto busca según indica «fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana» y desarrollar «las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que han sido objeto de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos al Estado»

Entre otras cosas, la ley implica la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo, la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos; o la exhumación de víctimas del franquismo de fosas comunes sufragada por fondos públicos y tiene diversos planes para el Valle de los Caídos, de donde pretende expulsar a los benedictinos.

ESCRITO DE LA ASOCIACIÓN DE FISCALES

La Asociación de Fiscales ha comunicado que «la sociedad y, en especial, las víctimas de la guerra y la dictadura tienen derecho a conocer la verdad histórica. Los denominados juicios de la verdad, sin embargo, no forman parte del proceso penal. Corresponde al Estado, a través de organismos y procedimientos de todas las disciplinas y profesiones -especialmente historiadores-, ajenos a la investigación penal, la búsqueda de la verdad. Las normas que rigen en el derecho penal impiden la investigación judicial».

«La redacción confusa, calculadamente ambigua y contradictoria del Anteproyecto debe ser rechazada en cuanto da falsas expectativas a las asociaciones y familiares de víctimas y facilita la instrumentalización del Ministerio Fiscal. Por ello, en este contexto, la creación de una Fiscalía de Sala resulta absolutamente innecesaria».

Finalmente han concluido el texto diciendo que:

«Las personas físicas y asociaciones que representan a familiares de desaparecidos y fallecidos durante la guerra civil española y los años de posguerra tienen derecho al descubrimiento de la verdad, a conocer su situación, el lugar de enterramiento y las circunstancias de su fallecimiento. La Administración General del Estado debe poner todos los recursos necesarios para satisfacer el derecho a la verdad, realizando investigaciones eficaces y garantizando recursos efectivos y de reparación».

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