La acusación popular del caso Ghali solicita la abstención de la fiscal general Delgado al no considerarla imparcial por realizar junto a Garzón «maniobras dilatorias» que «provocaron la prescripción» de sus crímenes

La acusación popular ejercida por el abogado malagueño Antonio Urdiales ha solicitado la abstención de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en el caso de la entrada irregular del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España, porque su comportamiento en la Audiencia Nacional donde actuó como fiscal del caso, sugiere que no es imparcial.

El incidente de abstención contra Delgado fue presentado ayer para «dejar sin efecto las órdenes o instrucciones que haya podido impartir» a su fiscal jefe de Zaragoza y que «se abstenga en el futuro» por «existir indicios» de que podría «tener interés directo o indirecto en el asunto contra Ghali».

De hecho, el escrito asegura que tanto el ex magistrado Baltasar Garzón como su compañera sentimental, la actual fiscal General del Estado, Dolores Delgado, realizaron «maniobras dilatorias» que «provocaron la prescripción» de los delitos de los que se acusaba a Ghali en España.

El comportamiento del que acusa la acusación popular a Delgado y Garzón ha salido a la luz a raíz de que Rafael Lasala, el magistrado de Zaragoza a cargo del caso Ghali, solicitara toda la documentación judicial de la causa a la Audiencia Nacional.

MANIOBRAS DILATORIAS DE GARZÓN Y DELGADO: LOS CRÍMENES DE GHALI

En 2007, durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, la Asociación Saharaui de Derechos Humanos (Asadedh) denunció a Brahim Ghali por genocidio, torturas, asesinatos, detención ilegal, desapariciones, terrorismo y lesiones entre 1975 y 1990 en España y se abrió una causa contra él.

El último delito presuntamente cometido por Ghali fue en abril de 1990. Eso significa que todos los delitos salvo el de genocidio prescribirían a los 20 años, esto es, en abril de 2010.

Tanto Garzón como Delgado estaban en la causa y, según sostiene Urdiales, dilataron la instrucción para que no se admitiese a trámite la querella, que pararía inmediatamente el proceso de prescripción.

El abogado ha afirmado que esta conducta es de «proceder antijurídico« y «desafuero».

Así pues, Garzón y Delgado se encargaron de la denuncia a principios de 2008 y dos años más tarde aún no habían admitido la querella a trámite

Entre otras cosas, Delgado retrasó seis meses la solicitud de una comisión rogatoria a Argelia para saber si había causas similares allí. Por su parte, Garzón no le dio traslado a esta petición de la fiscal hasta un año después, ante las protestas de Asadedh, que solicitó «impulso al procedimiento» por la falta de resolución tras año y medio.

De paso, Garzón ordenó otra comisión rogatoria a Marruecos.

Tres meses antes de que el caso prescribiera, en enero de 2010, Garzón archivó la causa a la espera de que Argelia y Marruecos, los dos países consultados, respondieran. Algo que llevaban meses sin hacer.

De esta manera todos los delitos de los que se acusaba a Ghali prescribieron salvo el de genocidio

Fue ya cuando Garzón fue inhabilitado en 2012 y sustituido por el magistrado Pablo Ruz, que éste admitió la querella, pero dos años tarde ya para todos los delitos menos el de genocidio.

Como consecuencia, el juez Santiago Pedraz archivó de nuevo la causa contra Ghali el verano pasado.

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